Ante la determinación tomada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el sentido de impedir la comparecencia de las y los titulares de las Secretarías de Bienestar, de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, servidores públicos que se negaron a aceptar dar cumplimiento a la Recomendación 29/2019, relativa a la cancelación del programa de estancias infantiles, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresa su más profunda preocupación y lamenta que, dejando de lado argumentos y razones sustantivas, el análisis de evidencia concreta y verificable, así como la necesaria e irrenunciable defensa de los derechos humanos de las niñas y niños, al igual que de las madres y padres trabajadores, el voto de los grupos parlamentarios mayoritarios en dicha Soberanía haya hecho nugatoria la aplicación efectiva del segundo párrafo, del apartado B, del artículo 102 Constitucional.

El Organismo Nacional señala que dicha determinación cancela la posibilidad de que las víctimas de las violaciones a los derechos humanos reconocidas por la Recomendación 29/2019, a quienes revictimiza, reciban por parte de las autoridades que no aceptaron dicho pronunciamiento, la explicación fundada y motivada, a la que constitucionalmente tendrían derecho sobre las razones que sustentaron su negativa, así como a que en una comparecencia pública se pudiera debatir con representantes populares, de manera abierta y transparente, el sentido de la misma. Llama la atención que los argumentos expresados por quienes se opusieron a la comparecencia de los servidores públicos antes mencionados, hayan sido, al igual que los aducidos por estos últimos, principalmente de carácter ideológico o político, sin sustento en información objetiva y verificable, además de ser ajenos a lo que debería ser un debate plural e informado, en el ámbito de los derechos humanos, sobre los derechos de la infancia y de las mujeres, principalmente.

Para la CNDH es preocupante las descalificaciones y aseveraciones infundadas que se hicieron desde la tribuna de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, sobre el profesionalismo, calidad moral e independencia de la CNDH y de quienes prestan sus servicios en ella, afirmaciones que no corresponden a la realidad, que desinforman a la sociedad y generan una percepción equivocada sobre el caso, desviando y confundiendo la atención pública de las cuestiones realmente importantes y de fondo. Tales aseveraciones, que quedan desvirtuadas con la información pública disponible que da constancia del trabajo desarrollado por la CNDH, evidencian desconocimiento de las leyes vigentes, y, en particular, del marco normativo aplicable a la actividad de los órganos que integran el sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos, así como un desdén por la legalidad y la institucionalidad democrática.

Este Organismo Constitucional autónomo reitera que la Recomendación 29/2019, fue producto de una investigación seria, puntual, sustentada en información y evidencia objetiva, fundada en la normativa, criterios y estándares aplicables a la materia, tanto a nivel nacional como internacional, cuyo contenido es públicamente disponible para su análisis y consulta.

La CNDH ratifica su compromiso con la defensa y protección de las víctimas de las violaciones que motivaron la emisión de la Recomendación 29/2019, por lo que valorará, en su carácter de Institución Nacional de Derechos Humanos de México, y en el marco de los compromisos internacionales que el Estado mexicano ha asumido para el respeto y vigencia de los derechos humanos, hacer del conocimiento de las relatorías e instancias de los sistemas universal y regional de derechos humanos el presente asunto, las cuales han reiterado en diversos pronunciamientos la necesidad de que las autoridades den cumplimiento a las recomendaciones de esta Comisión Nacional. (Enfoque Noticias)