El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, por votación unánime y de mayoría calificada, con 474 votos a favor, el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con reformas a los artículos 22 y 73 de la Carta Magna, en materia de extinción de dominio, previamente aprobadas por el Senado de la República.

Al rechazar una reserva y avalar el dictamen en lo particular, con una votación de mayoría calificada de 394 a favor y 58 en contra, el ordenamiento será turnado a las legislaturas de los estados, informó la presidenta en turno de la Mesa Directiva, Dolores Padierna.

En ese marco, legisladores de todas las fracciones, destacaron que se precisa en la ley el concepto de extinción de dominio; aunado a que se suma a la lista de los delitos a los que aplica esa medida, los bienes producto de corrupción en el caso de funcionarios públicos y del huachicoleo, es decir, del robo de hidrocarburos.

“La esencia de la modificación reside en si el propietario del bien puede o no, acreditar su legítima procedencia. Se precisa que la figura de extinción de dominio será procedente, solo con respecto a las investigaciones de hechos de corrupción, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, trata de personas, encubrimiento y delitos en materia de hidrocarburos, petroquímicos y petrolíferos”, destacó el diputado del Partido Verde, Marco Antonio Gómez.

El proyecto indica que la acción de extinción de dominio será imprescriptible, se ejercerá a través de un procedimiento jurisdiccional y autónomo de la materia penal, sobre los bienes u objetos asociados a actos de corrupción y otras actividades ilícitas.

Establece que la extinción de dominio será procedente sobre bienes partimoniales cuya procedencia legítima no se pueda acreditar y estén relacionados con investigaciones por hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por funcionarios públicos, delincuencia organizada y los referidos con anterioridad.

Agrega que el Congreso de la Unión estará facultado a legislar en materia de extinción de dominio y emitirá una ley específica para dicho tema. ys/m.