El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 325 votos a favor, 37 en contra y seis abstenciones una reforma al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, para dar mayor certeza jurídica al procedimiento de revisión, aclaración y resolución de los casos de presuntas irregularidades en la emisión de comprobantes fiscales.

Sin debate y tras rechazar las reservas que presentó el diputado de Morena, Juan Romero Tenorio, los legisladores aprobaron el dictamen, que fue turnado al Senado para sus efectos constitucionales.

Al fundamentar el dictamen, el panista Teodoro Barraza López explicó que se plantea una reestructura integral del texto del precepto, incorporando la facultad de la autoridad fiscal de requerir información adicional al contribuyente, definiendo los plazos para su entrega y para valoración de las pruebas, así como para emitir y notificar la resolución definitiva y las consecuencias jurídicas en caso de incumplimiento.

También se otorga a los contribuyentes la posibilidad de solicitar una prórroga de cinco días a la autoridad para aportar la documentación e información que consideren necesaria para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad fiscal a notificarlos.

Se establece la facultad de la autoridad fiscal para requerir mayor información y documentación al contribuyente durante el procedimiento y otorgarle un plazo de 10 días para atender dicho requerimiento.

Se amplía de cinco a 50 días el plazo que tiene la autoridad fiscal para valorar las pruebas aportadas por el contribuyente y notificar la resolución correspondiente.

Además, se indica la obligación de esta autoridad de publicar trimestralmente, en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del Servicio de Administración Tributara (SAT), un listado de aquellos contribuyentes que lograron desvirtuar los hechos que se le imputaron y de los que obtuvieron sentencias que hayan dejado sin efectos la resolución del procedimiento.

La Comisión dictaminadora destacó que el procedimiento actual de revisión y aclaración ha sido eficaz y relevante en el combate e inhibición de esquemas indebidos de deducciones y acreditamiento de impuestos.

Sin embargo, señaló, “ha sido objeto de diversas interpretaciones por parte de los contribuyentes, con la finalidad de no ubicarse en los supuestos que prevé, o bien, alegar que el procedimiento no se encuentra apegado a derecho, cuestionando primordialmente la falta de un plazo cierto y, en consecuencia, sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones”.

Dijo que con la reforma al artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación se otorga certeza jurídica a los contribuyentes, garantizándoles su derecho de acreditar que las operaciones amparadas con esos comprobantes son reales.

“Mientras que la autoridad puede centrar su atención en los contribuyentes que afectan el interés colectivo, dejando únicamente en la vía penal cuando hay un verdadero acto de simulación”, indicó. /gh/m