La diputada Norma Nahle García propuso reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor que obliguen a fabricantes a elaborar y abastecer refacciones para la compostura de aparatos eléctricos y electrónicos.

La iniciativa tiene como fin proteger al consumidor de prácticas que violan su derecho a la reparación de bienes, como la llamada "obsolescencia programada", la cual determina el fin de vida útil de diferentes productos, argumentó.

Con ello, dijo la legisladora, se cuidará al medio ambiente de los efectos negativos que provocan los residuos y desechos electrónicos, potencialmente peligrosos para el entorno y para quienes los manipulan sin el manejo apropiado.

La tendencia del consumismo se ha incrementado sustancialmente con el avance de la electrónica y las telecomunicaciones, cuyo uso "desmedido e innecesario son favorecidos desde diferentes ámbitos", expuso.

Por ello, en su propuesta planteó el respeto al derecho de las personas a que todos sus bienes, incluidos los aparatos electrónicos, sean reparados.

La "obsolescencia programada", abundó, es una práctica común de productores de televisiones, computadoras, teléfonos celulares, y otros aparatos, que no hacen refacciones para su reparación o las surten solo a centros autorizados, lo cual afecta al consumidor final.

Esto impacta de manera negativa en clientes de menores ingresos y técnicos independientes, pues para acceder a piezas de recambio deben hacer un gran gasto, debido a que existe un monopolio de las refacciones.

Además, agregó, esa práctica perjudica al ambiente y al mercado formal, pues fomenta la producción de refacciones sin las especificaciones requeridas, y afecta a la industria nacional que podría producirlas.

Nahle García destacó la importancia de enfrentar este desafío mediante la reutilización y reciclaje de productos, así como invertir en tecnología que permita recuperar todos los materiales de los residuos.

Señaló la necesidad de que las empresas y cadenas de suministro establezcan métodos que reduzcan el uso de recursos energéticos y materiales, y migren a negocios que incorporen más atributos de servicio.

La propuesta, turnada a la Comisión de Economía, considera a los productores entre los obligados a informar y respetar todas las condiciones en que ofrezcan sus productos y servicios, incluido el de mantenimiento y reparación.

Asimismo, plantea que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profeco) verificará que se respeten los precios y las tarifas establecidas en la Ley Federal de Competencia Económica, incluidas las de las refacciones y la conservación y compostura de los bienes. /gh/m