El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, reiteró ante el Ejecutivo federal la necesidad de completar el Sistema Nacional Anticorrupción promulgado este lunes pues, enfatizó, deja de lado la obligación de los servidores públicos de informar sobre su situación patrimonial, de ingresos y de conflictos, como lo exigía la ciudadanía.

“No podemos hacer oídos sordos ante esta exigencia ciudadana, debemos ser una generación y un país que le dé un vuelco definitivo a la corrupción asumiendo nuestra responsabilidad con inteligencia y determinación, y desterrar la impunidad que nos hace enorme daño y que nos cuesta mucho como nación”, enfatizó.

La llamada Ley 3 de 3, que contó con 600 mil firmas y el respaldo de académicos, “no tuvo el eco suficiente, deseado, en ambas cámaras” del Congreso de la Unión, ni se revisó posteriormente como ocurrió con el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas a solicitud del Ejecutivo federal, lamentó el diputado.

En el acto de promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción, Zambrano Grijalva recordó que “como legislador y presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, envié al presidente de la República, una atenta solicitud para que observara los artículos 29 y 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas recién aprobadas como parte de ese conjunto de leyes”.

Qué bueno –dijo- me place que, en ejercicio de su facultad constitucional, el presidente de la República hiciera observaciones al artículo 32 y los relativos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para que el Legislativo rectificara y suprimiera la obligación de que las personas físicas y morales presentaran declaraciones de situación patrimonial y de intereses, como cualquier servidor público.

No obstante, lamentó ante el mandatario mexicano, que no hubiera observado igualmente el artículo 29, para dar paso a que el Legislativo incorporara -ahora sí- el reclamo ciudadano contenido en la iniciativa 3 de 3.

Añadió también que -a pesar de la omisión- la implementación de esta herramienta legal es un primer y muy significativo paso para responder al “hartazgo social” que exige acabar con las malas prácticas en el servicio público.

En este sentido, el presidente de la Cámara de Diputados reconoció las acciones de inconstitucionalidad promovidas desde el Gobierno de la República para revertir las reformas de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, que tenían como objetivo “blindar” a sus gobernadores por irregularidades en sus administraciones.

Asimismo, confió en que la renuncia de Virgilio Andrade Martínez a la Secretaría de la Función Pública, sea una “buena señal” en el marco de la promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción.

“La gente espera que no se cometan más atrocidades y que no quede ningún funcionario público en la impunidad”, concretó. /gh/m