El presidente de la Comisión de Reforma Agraria en la Cámara de Diputados, Jesús Serrano Lora, solicitó que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) investigue y en su caso sancione a las empresas y comercializadoras que se pongan de acuerdo para encarecer el aguacate.

Asimismo, propuso que la Procuraduría Federal del Consumidor sancione y suspenda a establecimientos a nivel nacional que aumentan el precio del kilogramo de aguacate de manera injustificada, así como elaborar un registro y colocar distintivos de sanción a dichos locales.

Mencionó que este producto de la canasta básica ha tenido las mayores variaciones al alza en su precio, pues en julio del 2014 se vendía en 45 pesos el kilo, mientras que en mayo del presente año se encontraba hasta en 63 pesos el kilo, aunque el máximo establecido es de 58 pesos.

Recordó que el año pasado la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, anunció un aumento en la producción del aguacate, así como la creación de huertos y el incremento en el número de municipios certificados para su cultivo, lo cual permitiría satisfacer la demanda nacional e internacional.

Expuso que según el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIMM), dicha alza se debe a las intensas lluvias que cayeron en las regiones donde se cosecha el producto durante la temporada 2015 - 2016.

Sin embargo, aseguró, una de las principales causas del aumento de precios, no solo en el caso del aguacate, sino también del maíz, huevo, limón, cebolla, pollo y frijol, es la especulación de intermediarios.

Si bien es cierto que la Profeco está limitada legalmente para fijar precios, dijo, puede tomar medidas contra aquellos que abusen y especulen con los costos e informar a la población sobre aquellos establecimientos que lo hagan, para que puedan decidir dónde adquirir sus productos.

Por su parte, sostuvo Serrano Lora, la Cofece está facultada para vigilar a los grandes comercializadores a fin de evitar la especulación, pues generalmente son ellos quienes obtienen ganancias de más del 100 por ciento a costa del ingreso de millones de productores y consumidores mexicanos, sostuvo.

Por separado el secretario de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, Carlos Lomelí Bolaños, expuso que es necesario proteger el poder de compra de la población de los abusos que cometen intermediarios y que utilizan cualquier pretexto para especular con los productos del campo.

También, solicitó la participación de la Profeco para que lleve a cabo una campaña de vigilancia en toda la república mexicana, con el objetivo de que actúe con energía en contra de comerciantes abusivos.

Consideró que es necesario que las autoridades tomen cartas en el asunto desde este momento, ya que los intermediarios y empresas buscan sus beneficios sin importarles la situación que impera en el campo y en las ciudades.

A ello, abundó, hay que sumarle la situación que enfrentan las micros, pequeñas y medianas empresas por la coyuntura económica que priva a nivel internacional. /gh/m