La fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, respondió nuevamente a las críticas de organizaciones sociales como Transparencia Mexicana, sobre los términos en que se aprobó la llamada #Ley3de3, incluida en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El vicecoordinador de la fracción tricolor en San Lázaro, Jorge Carlos Ramírez, consideró que carece de sentido decir que el conjunto de normas que integran el Sistema Anticorrupción “le quedan a deber” a los mexicanos, por la redacción de uno de más de 800 artículos que lo conforman.

Incluso, Ramírez Marín catalogó como “emocional” más que racional, la postura del titular de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohorquez, quien lamentó que los congresistas no hayan establecido en la ley que todo aquel con acceso al erario, incluyendo personas físicas y morales con contratos con la administración pública, debe presentar el #Ley3de3; y que esa información debería ser divulgada públicamente.

“Yo no le daría crédito a una afirmación que me parece más de tipo emocional que realista. Ahí está un cuerpo de más de 800 artículos, nuevas leyes y modificaciones a leyes que ya habían, donde se crean nuevas instituciones, nuevas obligaciones. Y si por un solo artículo alguien afirma que estamos reprobados, francamente no le encuentro ningún sentido”, apuntó.

En tanto, el presidente de la Comisión de Economía en la Cámara, Jorge Dávila, manifestó que las modificaciones al artículo 32 de la Ley de Responsabilidades, no exime a grupos empresariales con contratos, licitaciones y adjudicaciones públicas de cumplir la ley.

“De ninguna manera disminuye la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar a aquellos particulares que actúen en forma irregular ante el Estado. Porque la propia Ley de Responsabilidades Administrativas prevé herramientas novedosas, por ejemplo, las manifestaciones de caso por caso, las de contratación por contratación; para que haya manifestaciones, que los particulares manifiesten que no haya un conflicto de intereses y las penas que podrían incurrir”, indicó Dávila Flores.

El congresista dijo que ante las dudas que se generaron entre la población sobre las leyes anticorrupción y en especial el tema #Ley3de3, el Gobierno Federal y los congresistas deben darse a la tarea de desarrollar una estrategia de comunicación, a fin de dar a conocer ante la población, la norma en cuestión.

Agregó que el Sistema Anticorrupción no puede ser visto en función de un solo artículo, porque las leyes que lo integran son diversas y tampoco libran a los contratistas del Estado de transparentar su actuación y de notificar formalmente si tiene algún conflicto de interés, al momento de establecer tratos con la administración pública federal.

El congresista del tricolor enfatizó que de acuerdo a las observaciones del Ejecutivo, serán las empresas y sus representantes legales, más no el cúmulo de sus trabajadores, los que tendrán que reportar anualmente si tienen algún conflicto de interés. ys/m.