La fracción del PAN en la Cámara de Diputados dará la pelea para incluir en la llamada Ley 3de3 a las grandes empresas contratistas del gobierno y obligarlas a transparentar sus relaciones con la administración pública federal.

Así lo advirtió el legislador panista Jorge Triana, al anticipar el posicionamiento de la bancada albiazul sobre las observaciones que el presidente Enrique Peña Nieto hizo a la recién aprobada Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y que esta semana se discutirán en el Congreso de la Unión.

Admitió, sin embargo, la necesidad de corregir la redacción de la Ley 3de3, pues tal como fue aprobada obligaría a becarios del Conacyt y beneficiarios de programas sociales a presentar sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses.

"Nosotros identificamos claramente casos donde empresas particulares están coludidas con funcionarios corruptos del gobierno federal y menciono algunos ejemplos: OHL, Grupo Higa, Construcciones Prácticas, de los hijos de Martha Sahagún, Oceanografía, en fin, creo que tendrían estas empresas, las contratistas del gobierno, que ser sujetas al escrutinio público, que estos contratos deberían ser transparentados y aparecer en una caja de cristal", puntualizó.

El también presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en el Palacio de San Lázaro reconoció que el Congreso de la Unión debe primeramente aprobar o rechazar las observaciones del Ejecutivo a la Ley 3de3, las cuales eliminan las referencias a empresas y personas físicas como sujetos obligados a presentar sus respectivas declaraciones.

"Ciertamente la redacción que nos enviaron del Senado era lamentable, era monstruosa desde el punto de vista jurídico, porque cualquier becario del Conacyt, cualquier servidor social con un apoyo mínimo que reciba del gobierno federal, cualquier beneficiario de un programa social tenían que presentar su 3de3", señaló.

No obstante, dijo el diputado Triana, la bancada de Acción Nacional hará un análisis cuidadoso e insistirá en incorporar su contrapropuesta al proyecto para incluir a los contratistas del gobierno en el articulado.

"Vamos a analizar con lupa este veto parcial a la Ley de Responsabilidades Administrativas que nos envía el Presidente de la República a 15 artículos; nosotros presentamos una reserva y la reserva no era eliminar por completo el contenido del artículo 32: vamos a dar la pelea con el procedimiento legislativo adecuado", indicó.