Legisladoras, funcionarios de gobierno y académicos urgieron reformar la Ley Federal del Trabajo con perspectiva de género, a fin de disminuir la brecha laboral entre hombres y mujeres.

En el foro “La Situación de las Mujeres en el Trabajo Remunerado y No Remunerado”, se indicó que en México sólo 38 por ciento de las mujeres realiza una actividad remunerada, cifra menor a la de los varones, que representa 68 por ciento.

Los participantes en el foro organizado por las comisiones de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados y del Senado, señalaron que de las 35.2 millones de personas que participan en actividades productivas no remuneradas, 9.2 millones son hombres y 26 millones mujeres.

De estas últimas, 20 millones se dedican a labores en el hogar, lo cual, coincidieron, constituye una injusticia y un acto de discriminación.

Las legisladoras Carolina Monroy del Mazo y Laura Nereida Plascencia Pacheco, lamentaron esas cifras y se pronunciaron por modificar las leyes para mejorar las condiciones de las mujeres mexicanas.

Plascencia Pacheco, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de San Lázaro, lamentó que en México persista el criterio del sexo al momento de asignar los trabajos y responsabilidades, y consideró urgente una reforma laboral en pro de muchas mujeres que siguen enfrentado distintos panoramas y obstáculos.

Instó a apresurarla para cumplir con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual específica en una de sus metas, que en el desarrollo de la economía los países debe hacer partícipes a hombres y mujeres en un porcentaje similar, esto decir 50-50.

A su vez Carolina Monroy Del Mazo, secretaria de la misma instancia legislativa, enfatizó que es necesario “remontar el pasado” con leyes claras y contundentes que permitan a la mujer consolidar sus derechos.

Además, consideró, se precisa de un cambio en la forma de pensar de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad, ya que son agentes importantes de transformación.

En otras palabras, abundó, se requiere “desmantelar todo el andamiaje que nos ha sometido, a lo largo de décadas, a una circunstancia de agotamiento de nuestros derechos, y a un proceso de discriminación y exclusión social”, expresó ante los asistentes.

Marcela Eternod Arámburu, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), dio a conocer que el aporte económico del trabajo no remunerado de mujeres y hombres representa una cantidad similar a 24.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), del cual entre 18 y 19 por ciento lo aportan las mujeres.

Sin embargo, dijo, la mujer trabaja en promedio 68.5 horas a la semana (contando empleo y quehaceres domésticos), 12.9 horas más que los varones.

También instó a cambiar la situación de las mujeres en el ámbito remunerado y no remunerado, a identificar inconsistencias en la legislación vigente y armonizar la Ley Federal del Trabajo con la General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia.

Lo anterior toda vez que los huecos legales no permiten superar la desigualdad de género y la condición de desventaja en la que viven las mexicanas.

La presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Alexandra Haas Paciuc, informó que entre 2011 y 2016, la dependencia a su cargo recibió mil 726 quejas de mujeres, 76 por ciento de los cuales fueron por actos de discriminación laboral; la mayoría se debió a que los patrones les exigían pruebas de embarazo.

Comentó que la contribución de los hombres en el hogar, todavía es escasa: sólo el 9.1 por ciento de ellos la limpia y lava su ropa y la de su familia, y únicamente el 26.1 por ciento prepara alimentos.

Silvia Elena Giorguli Saucedo, directora de El Colegio de México, advirtió que si no se da el lugar que corresponde a la creatividad y capacidad de las mexicanas, se corre el riesgo de desaprovechar el “bono de género”, pues en la actualidad México cuenta con 42 millones de mujeres en edad activa (entre 15 y 64 años), cifra que subirá a 48 millones dentro de 15 años.

La senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo recordó que para respaldar una eventual reforma a la Ley Federal de Trabajo con perspectiva de género, se deben ratificar los Convenios 158 (igualdad de oportunidades), 185 (licencia por lactancia) y el 189 (trabajo digno) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes García, propuso reconocer jurídicamente al “cuidado” de otros como un derecho. Esto implicaría cambiar el paradigma de responsabilidad social para que no sólo la mujer se haga cargo de velar por algún enfermo o adulto mayor, sino para que participen más las instituciones y los hombres. /gh/m