El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, afirmó que la inminente aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública es producto de un esfuerzo institucional y ciudadano para debilitar la cultura de la ambigüedad, la corrupción y la cerrazón de las instancias que reciben recursos públicos.

La nueva ley, que será discutida y votada en los próximos días, garantizará el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, además de órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, y cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos federales.

Zambrano recordó que los legisladores de la Cámara de Diputados y el Senado de la República se comprometieron a aprobar en el actual periodo de sesiones el paquete de leyes en materia de transparencia y anticorrupción, por lo que expresó su confianza en cumplir en tiempo y forma dicho ofrecimiento.

Señaló que el siguiente paso será dar curso a la llamada Ley 3 de 3 promovida por la sociedad civil, que con más de 634 mil firmas validadas por el INE plantea que los servidores públicos transparenten sus declaraciones fiscal, patrimonial y de conflicto de interés para dar mayor certeza a los ciudadanos sobre su probidad.

"Dicha iniciativa debe ser asumida en su contenido para que sus preceptos puedan ser considerados en el marco del Sistema Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas", dijo el diputado presidente.

El legislador del PRD detalló asimismo que la nueva Ley Federal de Transparencia prevé que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados deberá ser pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser "reservada" de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial.

No obstante, la información no podrá clasificarse cuando tenga que ver con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

Asimismo, los sindicatos deberán rendir cuentas sobre el manejo de los recursos públicos que tienen asignados, mientras sus agremiados podrán solicitar información sobre el destino de las cuotas que aportan, el número de afiliados y los procesos de selección de sus líderes sindicales. /jpc/m