El vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda, demandó que en el análisis del presupuesto 2016 con base cero, los congresistas sometan a revisión gastos que no son necesarios, y verifiquen que las propuestas de austeridad el Gobierno Federal no sean meros “tijeretazos” que afecten programas sociales.

El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) agregó que si el Ejecutivo Federal está comprometido con la austeridad, será necesario que el recorte a partidas destinadas a publicidad y propaganda gubernamental.

Señaló que la austeridad planteada por el Ejecutivo no debe convertirse en recortes a programas sociales y rubros relevantes como salud, educación y seguridad, pues los primeros gastos en reducir deben ser los de los altos funcionarios y todos aquellos que resulten superfluos.

Añadió que es necesario comenzar el ajuste presupuestal por las partidas que la Presidencia destina a Comunicación Social y su Coordinación de Opinión Pública, que juntas superan los recursos otorgados a medios públicos como Canal 22 y TV UNAM.

Calificó como contradictorio que al difundir su política de austeridad, el Ejecutivo Federal haga fuertes gastos en campañas publicitarias.

Consideró que si la Presidencia desiste de pagar en nuevo avión presidencial, se ahorrarán algunos miles de millones de pesos y se mostrará que “el buen juez por su casa empieza”.

Al manifestar que la propuesta de recortes a distintos programas, presentada en junio pasado por Hacienda no anticipa un buen panorama, el legislador perredista recordó que la dependencia federal propuso mantener 851 programas, por lo que la reducción será de 22.4 por ciento.

Dijo que es preocupante que el Ejecutivo haya anticipado disminución del gasto en rubros como educación superior, el mantenimiento del patrimonio de la nación, la investigación científica, las escuelas de tiempo completo y la entrega de becas.

Advirtió que de acuerdo a los análisis de la estructura programática referida, se preparan recortes presupuestales en materia de derechos humanos, defensa de mexicanos en el extranjero, deporte, pueblos indígenas, apoyo al campo, a la seguridad social y a las empresas productivas del Estado, es decir, PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). ys/m.