A cuatro meses de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y en el marco de manifestaciones multitudinarias en la capital del país, integrantes de las bancadas de izquierda en la Cámara de Diputados, criticaron la actuación del Gobierno Federal y las autoridades encargadas de las investigaciones.

El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Alonso exigió al Ejecutivo “decir la verdad”, dar resultados de inmediato y si faltan personas por llamar a declarar, sin importar su rango o condición política o económica, que así se haga.

“Que el Estado mexicano debe desde luego atender con responsabilidad el asunto de Ayotzinapa y entregar el resultado producto estrictamente de toda la averiguación previa, de todo lo que se ha acumulado producto de las declaraciones”, indicó.

“Y que declaren los que no han declarado, si faltan algunos por declarar, si hay que completar el expediente para que sobre esa base te pongas un plazo y entreguen el resultado completo de ese asunto”, abundó el congresista.

La vicecoordinadora de contenidos del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar, lamentó la ineficiencia y falta de voluntad del Gobierno Federal para resolver la situación, en particular la falta de transparencia y poca claridad en los resultados presentados a lo largo de las semanas por la Procuraduría General de la República (PGR).

“Lo primero que necesitamos es una hipótesis verdadera que pueda sostener científicamente la Procuraduría; y segundo, yo creo que lo que hay que atacar es el problema desde donde viene, lo que el Gobierno Federal ha hecho es tratar de echarle la culpa a (José Luis) Abarca”, planteó Aguilar Gil.

Están “tratando de crear tantos distractores, como el haber encontrado a Abarca en Iztapalapa, que se decía que se había encontrado en Veracruz, pero lo habían trasladado para culpar al PRD, se han dedicado a golpear al PRD como si fuese el caso Ayotzinapa culpa de un solo partido político”, recalcó.

Existen una serie de elementos que ponen en evidencia la falta de claridad en el curso de las indagatorias, como la dificultad de los especialistas extranjeros para identificar los restos presentados por la PGR, la falta de certeza sobre el lugar específico donde desaparecieron los estudiantes, así como la falta de conclusiones pese a la detención y declaración de más de 90 presuntos involucrados.

A ello se suma, dijo la congresista del PT, la intención del Gobierno Federal de desacreditar el movimiento de los padres de familia de los normalistas, al catalogarlos como violentos; así como las dudas sobre la posible participación en los hechos, de la Policía Federal e incluso de elementos del Ejército mexicano.

El “recuento de los daños” refiere a una completa ineficiencia de la autoridad federal y una actitud tibia de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Guillermo Anaya, destacó.

La diputada Aguilar Gil coincidió con el coordinador parlamentario del PRD en la necesidad de que el Ejecutivo revele la verdadera hipótesis de las indagatorias, porque la versión de que los jóvenes fueron quemados en el basurero de Cocula ya ha sido debatida y refutada por especialistas universitarios.

Recriminó que otro error de la autoridad federal ha sido justificar su actuación e intentar cargar la responsabilidad en su conjunto al PRD, por haber llevado a la alcaldía de Iguala a José Luis Abarca.

En cuanto a la participación del Ejército, la legisladora señaló que también hay muchas inconsistencias en la información referente a su participación.

Lo anterior, tras recordar que el procurador Jesús Murillo dijo que los militares no intervinieron porque de haberlo hecho, habrían cerrado filas con las policías municipales y federales; y posteriormente, el titular de la Secretaría de la Defensa (SEDENA), Salvador Cienfuegos señaló que los efectivos destacados en la zona no se percataron de los sucesos.

Añadió que en esas condiciones, no sería difícil ver que el día de mañana, la autoridad vuelva a denostar las movilizaciones pacíficas, por su interés de desacreditar las exigencias y demandas de la ciudadanía en torno al caso Ayotzinapa.

Por el contrario, para el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alberto Rodríguez, la autoridad federal actuó con oportunidad, de manera rápida y el avance jurídico es de 90 por ciento.

El secretario de la Comisión de Seguridad Pública de San Lázaro, reiteró que la PGR ha procedido con toda responsabilidad, pues en un plazo razonable pudo tener pruebas “incontrovertibles” de cómo ocurrió la agresión a los estudiantes y cómo fueron asesinados.

Manifestó que el coraje y rabia de los padres de familia es más que entendible, pero también es lamentable la manipulación del caso.

Al pedir que cesen las exigencias de que se hable “con la verdad”, porque las indagatorias han sido transparentes y han contado con la colaboración de expertos forenses de Argentina y Austria, el legislador subrayó que “no se vale” el uso político de la tragedia.

Partidos políticos como el PRD deben dejar de aprovechar la situación en Ayotzinapa para sacar dividendos político-electorales, exigió, tras calificar como “indigna” la postura de legisladores del Sol Azteca, que han utilizado el dolor de las familias para hacer pronunciamientos políticos.

Lamentó que se acuse a la PGR de no acelerar las indagatorias, pese a que hay permanentes reuniones de trabajo entre los padres de familia y el procurador Murillo Karam y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), aunado a que hay líneas de investigación que siguen abiertas.

El diputado Rodríguez Calderón manifestó que el caso no puede ni debe cerrarse, hasta que se tenga certeza total sobre lo ocurrido con los estudiantes. ys/m.