Enrique Méndez y Roberto Garduño, reporteros: Diputados de la Comisión de Derechos Humanos exigieron la revisión del expediente que se abrió en contra de Nestora Salgado García, coordinadora de la policía comunitaria Olinalá, Guerrero, que fue detenida en agosto de 2013 por militares, marinos, policías estatales y municipales, y quien ha denunciado violaciones a sus derechos y ser obligada a firmar documentos para inculparse.

Los legisladores de los partidos de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano plantearon que deben considerarse todas las pruebas de descargo en favor de Salgado García, se asegure el respeto a sus derechos humanos y se le brinden todas las garantías jurídicas como imputadas.

Los diputados señalaron que el movimiento de autodefensa de Olinalá surgió el 27 de octubre de 2012 con el objetivo de detener a la delincuencia en Guerrero ante la inacción de las autoridades, y que la detención de Nestora Salgado ocurrió presuntamente en represalia, pues días antes policías comunitarios detuvieron a presuntos delincuentes vinculados con autoridades del ayuntamiento.

Recordaron que a partir de su detención el 21 de agosto, fue trasladada a un penal de máxima seguridad, sometida a tratos crueles e inhumanos, limitada en su derecho a recibir visitas de su familia y se ha obstaculizado su defensa legal.

Recordaron que Nestora Salgado también tiene la ciudadanía estadunidense, y aún así cuando fue detenida, las autoridades omitieron notificar al consulado, violación a los derechos humanos reconocidos en la constitución y diversos tratados internacionales, en particular la Convención de Viena.

Los diputados Roberto López Suárez, José Luis Muñoz Soria, Elena Tapia, Loretta Ortiz Ahlf, Ricardo Mejía y Carlos de Jesús Alejandro, expresaron su preocupación por una creciente tendencia a suprimir los sistemas de justicia comunitarios, y a permitir la impunidad del crimen organizado y servidores públicos.

Señalaron que ello aumenta el clima de violencia, así como los cargos exacerbados e inverosímiles contra defensores de derechos humanos y periodistas contrastan y son mucho más severos que los presentados contra quienes cometen secuestros, extorsiones y homicidios. dlp/m