La titular de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), Alejandra Palacios, señaló que el país necesita una nueva Ley General de Contrataciones que permita adecuar el marco legal y cerrar la pinza a la corrupción en ese rubro.

A la acudir a un foro en la materia y asociado al Plan Nacional de Desarrollo, organizado en la Cámara de Diputados, la comisionada Palacios enfatizó que las penas administrativas impuestas por la instancia a su cargo “son relevantes”, pero la sanción más efectiva a empresas que incurren en actos de corrupción en la contratación pública, es la inhabilitación, por lo que se requiere reforzar ese tipo de medidas.

“En las vertientes de corrupción y colusión es trabajar una nueva Ley General de Contrataciones Públicas, para que a las empresas que han participado en colusiones, que han vendido al gobierno con sobreprecios se les inhabilite para participar. Porque las sanciones monetarias administrativas de la COFECE son relevante, pero en realidad a las empresas que le roban al erario público, hay que decirlo con todas sus palabras, lo que más les duele es la inhabilitación pública”, dijo.

En el caso de mercados donde la concentración afecta las compras públicas, precios e incluso beneficios a la población, como el de los medicamentos, indicó, lo recomendable es abrir la competencia a más empresas y aprovechar la caducidad de patentes para permitir que más proveedores amplíen la oferta.

Al recalcar que la competencia en el sector económico es un motor de desarrollo, porque obliga a empresas a ofrecer mejores condiciones de precios y calidad, la comisionada celebró que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) tenga como un eje central el bienestar de la ciudadanía.

Refirió que en 2018, especialistas elaboraron un estudio presentado por COFECE, el cual indica que los hogares pagan 98 por ciento más en sobreprecios, por falta de competencia en mercados fundamentales como el de alimentos, medicamentos y transporte.

Esto provoca que el 15 por ciento del ingreso de las familias se vaya al pago de sobreprecio, por falta de competencia; y en el caso de las familias con menores recursos, el impacto económico es cuatro veces mayor que para las familias con mayores capacidades económicas.

Tras señalar que la falta de competencia se debe entre otros factores, a conductas anticompetitivas de las empresas, como la colusión entre consorcios para fijar precios.

A modo de ejemplo, refirió que COFECE ha sancionado en últimos meses a cinco empresas proveedoras de materiales como condones, guantes de látex, sondas, que incurrieron en simulación de competencia, lo que generó afectación al erario por sobreprecios, por 177 millones de pesos, dijo. La sanción fue de 113 millones de pesos, apuntó.

En el marco de la problemática presupuestal en el sector salud, la comisionada indicó que la intervención de la COFECE ante conductas contrarias a la competencia, es investigar, sancionar y dar vista a las autoridades como la Secretaría de la Función Pública (SFP), que no ha dado información respecto a las denuncias presentadas.

Señaló que la corrupción en contrataciones públicas se da cuando los empresarios están coludidos con los funcionarios, cuando se involucra el pago de sobornos, la entrega de información privilegiada para entregar determinados contratos.

Un elemento que permitiría atender en parte la problemática que aqueja al sector salud, de falta de medicamentos y pérdidas por compras a precios no competitivos, dijo, es agilizar la entrada de productos genéricos.

“De hecho en el estudio subrayamos que de existir competencias similares a las que se dan en otras naciones, en Estados Unidos, en Europa, con la entrada agresiva de genéricos al mercado, una vez que se acaban las patentes, las familias mexicanas podríamos ahorrarnos alrededor de dos mil 552 millones de pesos anuales en el gasto de medicamentos”, agregó.

En ese marco, el presidente de la Comisión de Presupuesto en San Lázaro, Alfonso Ramírez, manifestó que la competencia económica debe quedar plasmada en el Plan Nacional, como un “rasgo distintivo”, en particular en rubros sensibles para la población como los alimentos, Gas LP; así como en el grueso de las adquisiciones y compras de gobierno. (Noticias MVS)