El Estado mexicano debe garantizar el acceso a la educación y la permanencia de los hijos de personas desaparecidas en las escuelas, afirmó el diputado Mario Alberto Mata Quintero (PRI), quien planteó modificar la Ley General de Educación, con el propósito de incluir la obligación de las autoridades educativas de otorgar esos beneficios.

El legislador dijo que el fenómeno de la desaparición forzada se ha incrementado en los últimos años, dejando a miles de huérfanos en situación vulnerable y con difícil acceso a la educación, por lo que se hace necesario asegurarles su ejercicio pleno a este derecho, a través de apoyos económicos y de becas.

Tras analizar esta situación, el diputado priista planteó modificar la Ley General de Educación, con el propósito de incluir la obligación de las autoridades educativas de otorgar esos beneficios para el ingreso y permanencia de alumnos hijos de personas desaparecidas.

El documento fue turnado a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con el objetivo de busca garantizar la enseñanza de las niñas y niños desamparados.

"Es un paso que el Estado no se puede rehusar a dar, porque es parte del deber fundamental de la reparación integral, componente de la justicia y del bienestar integral de la sociedad", aseguró Mata Quintero.

Detalló que el crimen de la desaparición forzada es reconocido a nivel mundial y nacional como una violación del Estado a derechos de orden fundamental, por lo que, ante su existencia, hay que buscar las medidas que reduzcan sus efectos negativos.

"A la par de la conservación de los derechos estamos convencidos de que el Estado debe realizar acciones dirigidas a la mayor protección de los derechos en un plano de igualdad material", aseguró el priista.

Mata Quintero calificó de relevante el asegurar la educación a los menores de edad que se encuentran en esta condición, debido a que carecen de un tutor y no pueden acreditar jurídicamente la ausencia del padre o madre por desaparición forzada, lo que incide de manera negativa en las posibilidades de continuar sus estudios.

Precisó que la propuesta de reforma al artículo 33 de la citada ley prevé diversas acciones que deberán realizar las autoridades educativas del país para asegurar el ejercicio pleno del derecho a la enseñanza.

La nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada, indicó, es un paso importante en este camino, al establecer una base a partir de la figura de declaración especial de ausencia; sin embargo, “aún falta mucho por hacer y esta iniciativa busca dar continuidad a esa gran tarea”. /gh/m