Angélica Melin Campos, reportera: La fracción parlamentaria del Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, convocó a legisladores de todas las bancadas a respaldar con su firma, la acción de inconstitucionalidad que se pretende promover contra la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En particular el artículo 29, el cual establece que el funcionario público podrá argumentar razones de seguridad, para no dar a conocer la información de sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, planteó el coordinador Clemente Castañeda.

El congresista sentenció que sin acceso pleno a dichos datos, en los hechos no será posible inhibir el enriquecimiento ilícito por parte de servidores públicos.

Recordó que el próximo lunes 18 de julio, el titular del Ejecutivo Federal promulgará las leyes reglamentarias del Sistema Anticorrupción, y esto sucederá en medio de la polémica por las acusaciones de corrupción contra gobernadores de extracción priísta, como los mandatarios salientes de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua.

“En la víspera de la promulgación de las leyes anticorrupción, que un tres de tres como lo aprobaron los partidos mayoritarios no impedirá el enriquecimiento ilícito porque no está completo ni será público. En este sentido, insistimos en el llamado a todos los diputados federales a que firmen la acción de inconstitucionalidad que presentamos para tener una nueva oportunidad de establecer un tres de tres público, obligatorio y completo”, dijo.

Castañeda Hoeflich calificó como “inédito” que en el marco de la aprobación y publicación oficial de las normas anticorrupción, el país enfrente situaciones como en las que se involucra a los gobernadores Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte.

En particular sobre Veracruz, recalcó que los señalamientos por actos de corrupción en la administración de Duarte de Ochoa no provengan solo de la oposición, sino que la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado las anomalías en el uso de recursos públicos.

“La Auditoría Superior de la Federación determinó que en Veracruz, el gobierno del estado gastó más de 18 mil millones de pesos de partidas federales en contratos de obras, bienes y servicios cuya existencia no puede ser probada”, apuntó.

Subrayó que por ese caso y por el intento de los gobiernos de Quintana Roo y Chihuahua, de imponer los nombramientos de los fiscales anticorrupción locales, magistrados y de obtener más deuda con el aval de los congresos estatales, el Ejecutivo Federal instruyó a la Procuraduría General de la República (PGR) a presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sendas acciones de inconstitucionalidad.

Añadió que los episodios de corrupción no son exclusivos de esos estados, lo anterior, tras aludir a las acusaciones y las solicitudes de juicio político interpuestas contra el ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina.

“Es innegable que esta ha sido una de las generaciones de gobernadores más corruptas y que tanto el Gobierno Federal como los partidos tradicionales siguen una estrategia discursiva y de simulación que sigue permitiendo la corrupción y la impunidad en todos los ámbitos de gobierno”, enfatizó. dlp/m