La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados reconoció que es factible modificar aspectos que podrían resultar “punitivos” y que afectarían los derechos de los trabajadores en el marco de la aplicación de la Reforma Educativa, en particular lo referente a los salarios y el pago de prestaciones como el aguinaldo.

En entrevista, el vicecoordinador Jorge Carlos Ramírez, agregó que en esos asuntos, lo que se requiere es que la Secretaría de Educación Pública (SEP) haga una interpretación más clara de la ley, pero eso no necesariamente implica una reforma al conjunto de ordenamientos en materia de educación.

“Por ejemplo, este asunto de los descuentos y la separación del salario base y el estímulo por la carrera magisterial, por ejemplo el aspecto punitivo. Veo que son temas que no dependen de reformas legales, sino del establecimiento de una interpretación clara por parte de la SEP. Por lo menos es muy discutible que pueda disminuirse el salario de los maestros cuando ya estaba integrado de una forma y ahora se pretende integrarlo de otra”, apuntó.

Ramírez Marín expuso que el problema de la Reforma Educativa no es de contenido, sino de aplicación y ejecución por las autoridades que al momento de hacer efectivo el ordenamiento, están haciendo una interpretación particular.

En esos términos, dijo, los reclamos alusivos son atendibles y será preciso clarificar el asunto, a través de un diálogo que permita identificar las partes de la reforma que pudiesen representan una disminución o afectación a derechos laborales del magisterio.

El legislador priísta aprovechó para aclarar que las quejas por la presunta pérdida del empleo a causa de la aplicación de evaluaciones, no tienen sustento y hasta el momento, ningún profesor ha perdido el puesto por esa causa.

En ese tenor, reconoció que es necesario informar con mayor claridad a la población y en especial a los mentores, para evitar que “mentiras” sumadas a falta de información, generen un ánimo de rechazo a la ley en la materia.

Refrendó que conforme a la Reforma Educativa, los profesores que no pasen las evaluaciones no serán despedidos, por el contrario, tendrán la oportunidad de mejorar sus capacidades y si no lo logran, quedarán en una plaza administrativa. Lo mismo sucede con los mentores que se evalúan como “sobresalientes”, quienes deben tener acceso a promociones y estímulos adecuados, para que en los hechos se refleje en una mejora a sus ingresos.

Puntualizó que para el PRI la Reforma Educativa no debe ser “reformada”, sino que su aplicación debe llevarse a cabo de manera adecuada y sin afectar derechos laborales de los trabajadores del sector.

Agregó que tampoco tienen sustento los reclamos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sobre la presunta “privatización” de la educación pública, al establecer que los padres de familia y las escuelas deberán hacerse cargo por sus propios medios de la llamada “autogestión”, aportando recursos de su bolsillo para resolver problemas de infraestructuras y materiales.

Por el contrario, dijo, lo que la reforma establece es que se eliminan trabas burocráticas para que las escuelas cuenten con fondos propios y tengan la libertad de hacer reparaciones y costear materiales necesarios para brindar una enseñanza adecuada a los menores.

Respecto a la evaluación, insistió en que la problemática radica en la aplicación de la ley, no en la ley misma, por lo que no es factible hacer reformas en ese aspecto. “Yo creo que no es un tema de cambiar la legislación, sino de ver cómo se está aplicando”, aseveró.

El congresista enfatizó que en el marco del conflicto magisterial, los partidos están obligados a no involucrar elementos políticos que contaminen la discusión y que pueden tensar aún más el ambiente, ello, en referencia a hechos violentos registrados en torno a la postura de rechazo a la Reforma Educativa, como los ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca. Duración 0’00’’, nbsg/m.