Al aprobarse las modificaciones al Artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el PRI cumplió con su responsabilidad y le ha brindado al país una legislación que será parteaguas en la prevención, sanción y combate a la corrupción, privilegiando ante todo la transparencia y la rendición de cuentas".

Así lo señaló el diputado Jorge Enrique Dávila Flores, quien estableció "con la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción se logra establecer el andamiaje jurídico necesario para contar con mecanismos efectivos de coordinación entre autoridades encargadas de prevenir, investigar y sancionar hechos de corrupción".

Consideró que "las ocho leyes y más de 600 artículos que integran el SNA constituyen a su vez reformas de la más alta envergadura, pues su aprobación fue el resultado de un parlamento abierto, donde la sociedad, a través de la iniciativa ciudadana, la academia, el sector privado y las distintas fuerzas políticas, tuvieron la posibilidad de realizar propuestas e incluso participar en las discusiones durante todo el proceso legislativo".

En entrevista, manifestó que "en el centro de este Sistema, se encuentra la Sociedad Civil, pues corresponderá al Comité de Participación Ciudadana presidir el Sistema, así como a su Comité Coordinador".

El legislador del Revolucionario Institucional, resaltó que la eliminación de los incisos b y c de este ordenamiento, "de ninguna manera disminuye la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar a aquellos particulares que actúen de forma irregular ante el Estado, ya que la propia Ley de Responsabilidades Administrativas, prevé herramientas novedosas y útiles para dicho propósito".

Como es, dijo, la manifestación obligada, caso por caso y contratación por contratación, de no estar el particular y el servidor público frente a un conflicto de interés, así como las penas en que incurrirían por actos de corrupción, que van desde sanciones económicas hasta la disolución de las empresas, y en su caso penas de prisión.

El presidente de la Comisión de Economía, expuso que en estricto apego a la legalidad y a los derechos humanos que constituyen el centro, finalidad y límite de nuestro sistema jurídico, el PRI respaldó las Observaciones enviadas por el Ejecutivo federal, las cuales perfeccionan y brindan operatividad al Sistema Nacional Anticorrupción. /gh/m