La fracción de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados promoverá una acción de inconstitucionalidad contra el Artículo 29 de la llamada Ley 3de3, con la intención de que las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses de los funcionarios de gobierno sean completamente públicas.

Dijo que la redacción del referido artículo impide el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información garantizado por la Constitución Política, pues resulta contradictorio hablar de la publicidad de las declaraciones, pero al mismo tiempo condicionarla a la "posible afectación a la vida privada" de un servidor público.

El coordinador de los diputados federales de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, recordó que el Presidente Enrique Peña Nieto devolvió al Congreso la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos con observaciones al artículo 32, pero sin vetar el Artículo 29.

"El espíritu original del artículo 29 fue establecer mecanismos de control y supervisión sobre la actuación de los servidores públicos mediante la publicidad de las declaraciones, cosa que no se cumple con la redacción actual", puntualizó el legislador jalisciense.

Dijo que los cambios incorporados por el PRI y el PVEM hacen inoperante el principio de máxima publicidad de las declaraciones, pues éste queda sujeto a la "posible afectación a la vida privada".

No obstante, dijo, el artículo 6 constitucional establece que la divulgación de la información confidencial o que pueda afectar la vida privada de los individuos solo podrá realizarse "en los términos y con las excepciones que fijen las leyes".

Compete por ello al Poder Legislativo valorar cuáles datos personales pueden difundirse y, en este sentido, el artículo 29 es inconstitucional porque confiere esa facultad a un comité que deberá considerar la "posible afectación a la vida privada".

La bancada de Movimiento Ciudadano enviará hoy una carta a los coordinadores parlamentarios de las otras siete fracciones para convocarlos a firmar la acción de inconstitucionalidad.

De acuerdo al artículo 105 de la Constitución Política, es necesario contar con la firma de la tercera parte de los 500 diputados federales para que proceda una acción de esta naturaleza. rrg/m