La fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa de reforma constitucional, para implementar la revocación de mandato como un derecho ciudadano.

Se trata de una medida de control que aplicará a los funcionarios públicos electos, en los tres niveles de gobierno, que incumplan sus obligaciones y sean considerados por los ciudadanos como “malos gobernantes, planteó el coordinador Clemente Castañeda.

El legislador puntualizó que entre los requisitos a cumplir para hacer válida la herramienta de participación ciudadana referida, los votantes deberán conjuntar el equivalente al dos por ciento del listado nominal de la demarcación territorial correspondiente.

Agregó que para hacer vinculatoria la revocación del mandato, deben participar al menos un tercio de los ciudadanos inscritos en el listado referido.

Castañeda Hoeflich detalló que la reforma a los artículos 35, 36, 73, 83, 108, 115, 116 y 122 constitucionales, tiene como fin “empoderar” a los ciudadanos, propiciar la rendición de cuentas y remover a los servidores públicos que no cumplan sus obligaciones, compromisos y las expectativas de la población.

“Debo señalar que se inscribe la figura de revocación de mandato en el artículo 108 constitucional, que es el relativo a las responsabilidades de los servidores públicos, para indicar que los representantes populares podrán ser removidos de sus cargos por revocación de mandato”, apuntó.

Sin mencionar nombres, el legislador aseveró que en el país existen muchos ejemplos de “malos gobiernos” frente a los cuales los ciudadanos están en la “indefensión”, por lo que es preciso integrar a la ley una herramienta de participación tan relevante como la revocación de mandato, identificado como un derecho.

Explicó que la iniciativa tiene fundamento en el artículo 39 de la Carta Magna, el cual establece que la soberanía nacional reside en el pueblo, del cual dimanan los poderes públicos, y el cual tiene el derecho inalienable de alterar o modificar su forma de gobierno.

Enfatizó que la presión pública y de la sociedad civil organizada, ha permitido impulsar propuestas e iniciativas relevantes para cambiar la realidad jurídica y política del país, pese a las claras resistencias por parte de los partidos políticos, gobiernos y gobernantes “de siempre”, que no están de acuerdo con la rendición de cuentas.

En cuanto a las conductas que configurarían las causales para promover la revocación del mandato, el legislador dijo que se trata de incumplimientos, actos de corrupción, manejo irregular de recursos públicos y otras prácticas irregulares que deberán contemplarse en una legislación secundaria. ys/m