La Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados acordó impulsar una iniciativa por la que se expide la Ley de Fondo de Migralidad, con la cual se busca dotar a los estados de recursos para la atención de migrantes repatriados.

Los recursos del fondo serían adicionales a los asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y distribuidos entre las entidades según el número de repatriados de la última estadística del Centro de Estudios Migratorios de la Secretaría de Gobernación.

La iniciativa será presentada al pleno en el periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de febrero, donde se plantea que el nuevo marco jurídico arranque con una bolsa de mil millones de pesos, pero “sin ser un cheque en blanco” para las entidades receptoras de migrantes, planteó.

Estos recursos, precisó, estarán sujetos a reglas de operación y ayudarán sobre todo a mejorar la calidad de vida de los migrantes repatriados, así como a consolidar y ampliar los programas de retorno voluntario a su lugar de origen.

Además, dijo, permitirá dotar a los connacionales repatriados de información con respecto a los programas para su atención; darles apoyo para que encuentren empleo en el mercado de la formalidad y opciones de autoempleo.

También servirán para el mejoramiento de vivienda, dijo, así como para la operación de albergues temporales que ayuden al retorno de los connacionales.

Hizo notar que la propuesta plantea la creación del Sistema Federal de Apoyo al Migrante, organismo que se encargará de la distribución de los aportes federales que corresponden a las entidades, así como el establecimiento del Consejo Estatal de Apoyo al Migrante, el cual estará conformado por las entidades que tengan acceso a este fondo.

Al respecto, el presidente de esta instancia legislativa, Gonzalo Guízar Valladares, planteó la necesidad de implementar un programa que no sea “sólo de buenos deseos”, sino que cuente con una inyección presupuestal adicional, similar al Fondo de Capitalidad para el DF.

“La capital tiene una condición especial, ya que recibe personas, se realizan trámites y tiene muchas responsabilidades en materia de seguridad, y de atención a los que vienen de otras partes de la República a gestionar asuntos de carácter público o privado”, explicó.

Dicho fondo iría ligado a la transversalidad en el ejercicio del gasto público orientado al fenómeno migratorio, y los estados deben vincularse de manera directa, ya que en algunos casos son regiones de tránsito, mientras que en otros se trata de “ciudades destino”.

Guízar Valladares indicó que muchos migrantes retornados de Estados Unidos se quedan a vivir en esas ciudades, como Tijuana o Ciudad Juárez.

La política exterior es cada vez más agresiva y se ve más al migrante como alguien indeseable, cuando es un ser humano, una persona con potencial en lo académico, artístico y empresarial”, aseguró el representante del partido Encuentro Social.

Recordó que durante los primeros seis meses de 2015, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos pidió la deportación de 22 mil 538 mexicanos, lo que colocó a nuestros connacionales como la comunidad que registró mayor número de expulsiones de esa nación, por arriba de los salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y chinos.

Alertó que la cifra de mujeres y menores de edad migrantes se duplicó, según datos del Instituto Nacional de Migración y del Consejo Nacional de Población, lo cual los coloca en situación de vulnerabilidad, sobre todo a los menores de edad, quienes muchas veces son devueltos sin compañía a sus lugares de origen.

Expuso que según estadísticas del Buró de Transporte de Estados Unidos, el movimiento fronterizo de peatones de enero a junio de 2015 ascendió a siete millones 500 mil cruces por Baja California, cuatro millones por Tamaulipas, tres millones 210 mil por Sonora, tres millones 100 mil por Chihuahua y 280 mil por Coahuila. rrg/m