En la Cámara de Diputados, la bancada del PRI negó que el Gobierno Federal, a través de la SEP, esté aplicando una política de “mano dura” contra los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

El coordinador parlamentario, César Camacho, aseguró que al interponer denuncias contra integrantes del magisterio que insisten en tratar de impedir la aplicación de las evaluaciones y despedir a profesores que no cumplan con ese requisito, solo se aplica la ley.

“No ha habido ni habrá mano dura. Hay una decisión firme de cumplir con la ley, de resguardar los derechos de los trabajadores, pero de aplicar exámenes y evaluar, porque es parte de un proceso de mejoramiento continuo. Lo que no es evaluable no es medible y no es mejorable, y el Estado mexicano tiene en los profesores, en el magisterio público a sus mejores aliados para que este país crezca”, dijo.

Al respecto, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, lamentó que las autoridades federales y de algunos estados, no actúen con la sensibilidad necesaria para atender la problemática generada por la reforma educativa ni tengan interés en retomar el diálogo con los grupos que rechazan la medida.

Incluso, manifestó su preocupación por el despliegue inusitado de fuerza pública para realizar las evaluaciones a los maestros.

“No me parece que sea la mejor manera. Son expresiones de autoritarismo”, advirtió Zambrano Grijalva, tras aclarar que a su consideración, la reforma educativa y la evaluación a los maestros son necesarias.

“Pareciera que no se trae el pulso de la sensibilidad social que existe y que, por la vía de la fuerza, se quieren imponer decisiones que, me parece que -siendo correcta la evaluación, siendo correcto el sentido de la reforma educativa, que tiene que cursar por la evaluación y capacitación de los maestros-, no me parece que sea la mejor manera”, insistió.

“Parece que se hermana, por otro lado, de una pretensión de endurecimiento del gobierno de la Republica de pensar que se va a legitimar a las instituciones del país mediante el uso de la fuerza”, dijo.

Puntualizó que la “mano dura” del Ejecutivo Federal contra los mentores, no necesariamente significa que se esté criminalizando a los mismos, pero lo que es evidente es que hay un excesivo uso de la fuerza pública contra grupos de ciudadanos que se oponen a una decisión gubernamental que ha generado polémica, cuando debería imperar una actitud de mediación y conciliación entre los inconformes y las autoridades. ys/m.