El legislador Rafael Hernández Soriano urgió a eliminar la “criminalización” hacia los portadores del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y a impulsar campañas preventivas contra todo acto de segregación o estigmatización hacia ellos.

En el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, recordó que en el Código Penal Federal existe la figura jurídica “peligro de contagio”, que sanciona a los portadores del virus acusados de transmitir o infectar a otras personas a sabiendas de que su contacto pondría en peligro al otro individuo; las penas varían según la legislación local.

El diputado federal del Partido de la revolución Democrática (PRD) convocó por ello a redoblar los esfuerzos para combatir el estigma social y la discriminación hacia quienes padecen el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida).

Externó que desde el surgimiento de la pandemia “se señala con denuesto a quienes adquieren el virus y que ese escarnio no sólo se remite al estado serológico de la persona, ya que también impacta en su desarrollo sicosocial y en su inserción en su entorno”.

Hernández Soriano mencionó que un punto fundamental a atender es la prevención de la transmisión, sobre todo en los grupos vulnerables y de riesgo.

En México esos segmentos se centran en hombres que tienen sexo con otros hombres, usuarios de drogas intravenosas, personas privadas de su libertad, trabajadores sexuales, migrantes y las mujeres.

Es indispensable “que la sociedad en su conjunto participe en los trabajos preventivos, ya que ésta es la única forma en la que puede atenderse el programa impulsado por la ONU, cuya estrategia central es conocida como 90-90-90”, refirió.

Ese mecanismo consiste en promover que para 2020 “al menos 90 por ciento de las personas estén diagnosticadas, 90 por ciento reciban tratamiento oportuno y 90 por ciento presenten una carga viral indetectable”.

Rafael Hernández expuso que a 32 años de haberse detectado el primer caso de VIH/Sida en México, se mantienen vigentes los retos en materia de respuesta a la epidemia.

Mencionó que si bien el panorama actual difiere diametralmente con la perspectiva que había al inicio de ese padecimiento, “ese cambio de situación nos obliga a reforzar el trabajo para subsanar pendientes y nos ofrece el desafío de responder oportunamente a los nuevos retos planteados por los avances científicos y sociales”.

Respecto al abasto de medicamentos retrovirales, aseveró que los reportes oficiales son aceptables pero “persisten procesos burocráticos que obstaculizan su entrega oportuna, lo que afecta la calidad de vida de las personas que reciben tratamiento antirretroviral”.

El legislador enfatizó en la necesidad de una mejor supervisión del Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de Antirretrovirales para disminuir esas dificultades.

De igual forma consideró de suma importancia que los tratamientos suministrados en todas las instancias del sector salud ofrezcan esquemas de tratamiento de última generación, entre ellos los que han sido aprobados por la Agencia Europea de Medicamentos, entre otras instancias, y que actualmente no se prescriben en este país.

Como parte de las acciones preventivas propuso crear ambientes favorables libres de estigma y discriminación para favorecer el acercamiento de la población a los centros de salud y participar en las pruebas de detección para, en su caso, iniciar cuanto antes el tratamiento. /gh/m