A pesar de las políticas públicas aplicadas para combatir la pobreza, en México existen más de 20 millones de niños que viven esta condición que vulnera sus derechos, afirmó el diputado Ángel García Yáñez. Muchos de esos menores de edad duermen en las calles, padecen hambre y están expuestos a múltiples situaciones de riesgo, por lo cual presentó una propuesta para reformar la Ley General de Desarrollo Social. El objetivo es adicionar el principio de interés superior de la niñez a los criterios que orientan el diseño de la política de desarrollo social, "no sólo como una expresión en el papel, sino que haya normas específicas para los niños y que se aplique la ley al tamaño de su estatura". Lo anterior lleva implícita la obligación de que se asignen todos los recursos posibles para construir condiciones que les permitan desplegar sus potencialidades y tener una vida digna, enfatizó. Además, destacó que el interés superior de la niñez es una garantía para que el Estado pondere en sus políticas públicas los derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin de combatir y superar cualquier condición que los deje indefensos. En este sentido resultan necesarias políticas públicas eficaces que atiendan las necesidades de las niñas, los niños y los adolescentes, además de que se rijan bajo dicho principio a fin de erradicar la pobreza que padecen, abundó el legislador de Nueva Alianza. México es el país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que mayor índice de pobreza infantil tiene, después de Israel, y "pese a los esfuerzos para combatir la pobreza mediante programas sociales, no hay avances sustanciales". "Resulta urgente realizar las adecuaciones legislativas necesarias para transitar hacia la construcción del nuevo paradigma que plantea la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes sobre la forma en que el Estado mexicano tutelará los derechos de la niñez en México", estableció. Su propuesta de reforma, explicó, establece que en los procesos de concepción, diseño, planeación, ejecución y evaluación de la política de desarrollo social se garanticen los derechos humanos de la infancia y la adolescencia, conforme a lo establecido en la Constitución y los tratados internacionales de los que México forma parte. García Yáñez también aseguró que consolidar el bienestar de la infancia es una tarea pendiente y en donde el Poder Legislativo debe insistir para garantizar su pleno desarrollo. /gh/m |