El vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Alejando Ojeda Anguiano, hizo un exhorto para que el Congreso de la Unión dé una respuesta pronta a la Ley General sobre Desapariciones Forzadas y Desapariciones por Particulares.

En un comunicado, dijo que en México existen al menos 23 mil 271 personas desaparecidas o no localizadas, según datos dados a conocer a principio de este año por la propia Procuraduría General de la República (PGR), aunque esta cifra no es confiable porque hay organizaciones no gubernamentales que afirman que son mucho más las personas que fueron impedidas de su libertad de manera forzada y sin que se sepa hasta ahora dónde están.

Recordó que la reforma constitucional del artículo 73 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de julio y, en sus transitorios, se establece un plazo de 180 días, como máximo, para aprobar esta ley general.

“Dicha legislación debe responder a la necesidad de abordar la problemática de la desaparición de manera integral, con enfoque jurídico, forense y psicosocial, concentrando la actuación del Estado en la búsqueda con vida de las personas desaparecidas y la atención a familiares de personas afectadas”, subrayó.

Ojeda Anguiano comentó que luego de la reunión con familiares de personas desaparecidas, quedó como compromiso de parte de la Mesa Directiva, el ser incluyente y tomar en cuenta las propuestas ciudadanas para elaborar un dictamen que cuente con el aval de las organizaciones sociales y de los propios familiares de los desaparecidos.

Con esta ley, dijo, el Estado estaría obligado a resolver los miles de expedientes sobre personas desaparecidas; asimismo, abundó, se otorgaría el reconocimiento a la personalidad jurídica de desaparecido, así como establecer el concepto más amplio de desaparición tanto por particulares como por el Estado.

Finalmente, consideró que se debe avanzar en la erradicación de burocracias del ámbito penal y civil cuando se atienden denuncias por desaparición forzada, pues actualmente las autoridades correspondientes dan un trato indigno a los afectados, provocando la doble victimización de los familiares./arm/m