La fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en la Cámara de Diputados, presentó la iniciativa para emitir la Ley de Austeridad Republicana.

La diputada Araceli Damián, planteó que de aprobarse la medida, se ahorrarían 450 mil millones de pesos, sin afectar la operación “sustantiva” del gobierno, pues los recortes aplicarían al sueldo de altos funcionarios y a gastos superfluos.

“El ahorro se obtendría básicamente con la reducción a la mitad de los salarios de los altos funcionarios públicos y con la eliminación o reducción de los gastos superfluos del gobierno. En México la racionalización del gasto es una preocupación de la sociedad”, dijo la diputada Damián González.

En la Tribuna de San Lázaro y posteriormente en un mensaje a los medios de comunicación, los integrantes de MORENA detallaron que la normatividad tiene por objetivo promover la austeridad en el aparato de Estado, para reducir el costo de la administración pública federal.

Al señalar que el presupuesto debe distribuirse de manera justa y los recursos ahorrados destinarse a fondos para educación, salud e inversión productiva, insistieron en que en una primera fase, dicha ley podría generar ahorros de 450 mil millones de pesos.

Recordaron que en 2012, el gasto corriente fue equiparable al 15.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y para 2014, la cifra subió a 16.9 por ciento, pero dichos recursos no se emplearon en la mejora de servicios o programas, sino en gastos poco transparentes. Aunado a ello, planteó, en este 2015 el gasto corriente aumentó 7.7 por ciento.

Indicaron que entre los rubros que pueden sufrir recortes sin afectar áreas prioritarias son el nuevo avión presidencial, la compra de vehículos terrestres y aéreos del Ejecutivo.

Los salarios de los altos funcionarios podrían reducirse a la mitad, ajustar los seguros de separación individualizada, gastos de representación y las pensiones de los ex presidentes, dijeron.

El ahorro se complementaría con una reducción de 50 por ciento en las prerrogativas de los partidos políticos, la entrega de subvenciones a grupos parlamentarios y los beneficios de los integrantes del Poder Judicial, plantearon.

Asimismo, se requiere ajustar el gasto en comunicación social de la Presidencia, que en 2014 llegó a 7 mil millones de pesos, 5 mil millones más que los autorizados por el Congreso de la Unión, indicaron. ys/m.