El coordinador del grupo parlamentario del PRD en San Lázaro, Miguel Alonso Raya, adelantó que en los próximos días el Ejecutivo promulgará la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la cual se podrá combatir con mayor eficacia la corrupción, y se promoverá el respeto a los derechos humanos.

Asentó que al percibir los ciudadanos a la corrupción como el principal problema que enfrenta el país, la norma que reglamenta el artículo sexto constitucional, crea un nuevo Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales a nivel federal y local, así como una Plataforma Nacional de Transparencia, mismas que se articula y vincula con el Sistema Nacional Anticorrupción.

Además de establecer como sujetos obligados a documentar todos sus actos de autoridad, a los servidores públicos de los tres poderes, de los órganos autónomos, partidos políticos y sindicatos; al tiempo que les prohíbe clasificar como reservada la información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

Alonso Raya que dichas Leyes, tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona física, moral o sindicato, que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios.

El coordinador perredista afirmó que la aprobación de la Ley de Transparencia, junto con la del Sistema Nacional Anticorrupción, representa uno de los logros más importantes de la 62 Legislatura.

De esta manera, anotó que al impulsar activamente estos avances, el PRD cumple con uno de sus principales objetivos, que era fortalecer la capacidad del Estado para promover la transparencia, la rendición de cuentas y un mejor uso de los recursos públicos, con la intención de combatir con mayor eficacia los altos niveles de corrupción que laceran al país.