La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría, de 15 votos a favor y una abstención del Movimiento Ciudadano (MC), el dictamen correspondiente a la reforma en materia de disciplina financiera en estados y municipios.

Legisladores de todas las fracciones parlamentarias coincidieron en que el ordenamiento es necesario, porque permitirá establecer en la Constitución el principio de estabilidad de las finanzas públicas y promoverá la transparencia en los procesos de adquisición de créditos, evitando que los recursos obtenidos se vayan al gasto corriente.

Aunque integrantes del Partido Verde (PVEM) y del Movimiento Ciudadano (MC), incluso del Partido Acción Nacional (PAN), expresaron algunas reservas por la insistencia del Senado de la República en formar una Comisión Bicamaral que revise los casos de deuda estatal y municipal donde puedan estar comprometidas las participaciones federales, señalaron que es impostergable establecer reglas y medidas más estrictas para que los estados y municipios mantengan la disciplina financiera.

El presidente de la Comisión dictaminadora, Julio César Moreno, detalló que el propósito de los cambios a los artículos 25, 73, 79, 108,116 y 117 constitucionales, es controlar y regular la deuda de estados y municipios.

Enfatizó que entre el año 2003 y el 2010, es decir, en una década, los estados incrementaron su deuda en una cifra equivalente a 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), siendo los más comprometidos: Coahuila, Nayarit, Chiapas, Quintana Roo y Veracruz.

Agregó que en 2013, la deuda ya era equivalente a 2.6 veces más que en 2007, y a un aumento de 158 por ciento durante el sexenio pasado.

Moreno Rivera destacó que el dictamen da facultades al Congreso para emitir una Ley General sobre endeudamiento local, incluyendo al Distrito Federal.

Dicha normatividad establecerá límites y mecanismo para “afectar” las participantes federales en garantía, contempla crear un Registro Público Único de Deuda Pública y un sistema de alertas que permita detectar a tiempo casos en que la deuda se esté manejando de manera inadecuada o riesgosa.

También se prevén sanciones para los funcionarios que incumplan la ley al contratar deuda y hagan un mal manejo del recurso en cuestión.

Recalcó que en particular, los cambios al artículo 25 permitirán integrar a la Carta Magna el principio de “estabilidad de las finanzas públicas”, para que el Estado se comprometa a garantizarlas y a generar condiciones de crecimiento y empleo, a través de los planes nacionales, estatales y municipales de desarrollo.

El legislador del Sol Azteca puntualizó que se dará paso a la Comisión Bicamaral, cuyo propósito será observar y conocer casos de contratación de créditos en los que se ofrezca como garantía las participaciones federales y el estado en cuestión tenga un endeudamiento elevado.

También se planteará el concepto de “mejores condiciones del mercado” al momento de contratar deuda; y se reforzará la fiscalización sobre la adquisición y aplicación de recursos provenientes de financiamiento público.

Indicó que se establecerán elementos de responsabilidad financiera al adquirir deuda, refinanciarla o reestructurarla.

Se otorgarán mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en materia de fiscalización de deuda pública y revisión del destino y ejercicio de las garantías.

En el desarrollo de la reunión, la diputada del Verde, Ruth Zavaleta expuso que desde su punto de vista a norma es “centralista” pero también es necesaria para transparentar la deuda estatal y municipal.

El vicecoordinador del MC, Ricardo Mejía reconoció que la reforma en cuestión en un buen esfuerzo, pero insuficiente; también criticó “la necedad del Senado de entrometerse” y adjudicarse facultades que no le competen, motivo por el cual votó en abstención.

La diputada perredista Amalia García, subrayó que los cambios legales “ponen en el centro” las participaciones federales y prevén la creación de la Comisión Bicamaral que tendrá conocimiento sobre los casos graves de deuda en estados y municipios, con el fin de alertar sobe riesgos y evitar que los gobernantes comprometan el futuro de sus gobernados.

García Medina hizo énfasis en que se establecerá claramente que la deuda se utilizará para el desarrollo y la reactivación económica de estados y alcaldías, pero quedará prohibido usarla en gasto corriente.

El vicecoordinador jurídico del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Héctor Gutiérrez, pidió hacer un ejercicio de memoria y recordar cuántos estados y municipios perdieron el control de su deuda en los últimos meses, mismos que seguramente, estimó, rechazarán la norma.

Como beneficios, enumeró la estabilidad de las finanzas públicas, con el propósito de generar condiciones de empleo y crecimiento; que el refinanciamiento se realizará “en las mejores condiciones de mercado”, que la colocación de deuda se justificará por la

Federación, estados y municipios.

Asimismo, la reforma permitirá “licitar el efecto de reestructuración de deuda”, prevé las bases para contratar deuda y obligará a los estados a informar, en un plazo no mayor a 60 días una vez que entre en vigor la norma, sobre el estado de su deuda. “No es posible que hoy no se sepa cómo están las deudas de estados y municipios”, dijo.

En su turno, el diputado del PAN, Damián Zepeda, presidente de la Comisión de Hacienda de San Lázaro, recordó que en los últimos 10 años se triplicó el nivel de deuda en estados y municipios, lo que ocurrió a la par de los ingresos de los mismos.

Es decir, los estados han adquirido más deudas, pese a que año con año han accedido a mayores ingresos y más participaciones federales. Esto revela que la deuda local no es un problema de falta de dinero, sino de “abuso de los gobiernos”.

Por tanto, es necesario homologar los criterios de contratación de deuda, para asegurar que ese procedimiento se realice de manera “sana”, argumentó.

Zepeda Vidales celebró que la Comisión Bicamaral no tenga facultades de aprobar ni desaprobar la deuda.

Tras aclarar que a su consideración esa instancia ni siquiera debería existir, dijo que ante el hecho inminente de su creación, es preciso aclarar que dará su opinión en casos de endeudamiento grave en los que estén involucradas las participaciones federales.

Esto, finalizó, pondrá “un alto” a los funcionarios que endeudan de manera indiscriminada a sus entidades. ys/m.