En la Cámara de Diputados, integrantes de las bancadas de Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido del Trabajo (PT), alistan un punto de acuerdo relativo a la actuación policiaca durante las manifestaciones de la semana pasada, con motivo del caso Ayotzinapa.

Lo anterior, con el fin de exhortar a los titulares de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), a que en el uso de sus facultades, informen e intervengan en el caso de las detenciones realizadas durante las protestas del pasado 20 de noviembre.

La diputada del PRD, Elena Tapia; la petista Loretta Ortiz y el vicecoordinador del MC, Ricardo Mejía, demandarán que Gobernación investigue y sancione los actos ilegales cometidos contra ciudadanos por elementos de la Policía Federal.

La dependencia a cargo del secretario Miguel Osorio, dijeron, también deberá informar públicamente sobre la cadena de mando, el operativo y los protocolos de actuación aplicados por los elementos federales el pasado jueves.

A la PGR, se solicitará que investigue y finque responsabilidades contra los servidores públicos que hayan incurrido en delitos contra la ciudadanía; y que se desista de los cargos penales dictados contra los detenidos del 20 de noviembre, en los casos en que no exista evidencia contundente de que hayan cometido ilícitos.

Asimismo, pedirán a Gobernación y la Defensa, que deslinden responsabilidades sobre el presunto uso de vehículos oficiales, en particular del Ejército, para movilizar a personas que cometieron actos vandálicos el pasado 20 de noviembre, tal y como quedó de manifiesto en fotografías tomadas durante las protestas referidas.

De igual modo, exhortarán al Jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, para que investigue y sancione los presuntos actos ilegales de los efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPDF) y la Procuraduría General de Justicia (PGJDF) contra los asistentes a las protestas del 20 de noviembre.

También lo conminarán a hacer pública la información sobre la cadena de mando, el operativo, los protocolos de actuación adoptados, el uso de la fuerza pública, así como de las actuaciones y criterios aplicados que llevaron a presentar a las personas detenidas ante la jurisdicción federal.

Al ombudsman nacional y la titular de la CDHDF, añadieron, se demandará que indaguen los presuntos actos de uso ilegal de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos y degradantes y cualquier otra violación a los derechos de los manifestantes, cometidos por elementos policíacos. ys/m.