A fin de frenar el desmedido incremento de abuso y hostigamiento sexual contra las mujeres, urge aumentar de seis meses a dos años de prisión y multa de 200 a 500 veces el salario las penas para el hostigador, propone la diputada Dora María Talamante Lemas.

La secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, señaló que en el 2012 ocurrieron 26 mil casos y sólo ocho mil delitos de este tipo se denunciaron en 258 dependencias gubernamentales.

Por si fuera poco, explicó, del 70 por ciento de las empleadas que han sufrido un tipo de hostigamiento sexual, 60 por ciento decide renunciar a su empleo antes de acudir a denunciar, mientras que 25 por ciento de estas mujeres son despedidas por no dar cumplimiento a las peticiones del acosador.

"Esta cifra es conservadora, debido a que se trata de un acto ilícito que en 99.7 por ciento de los casos no se denuncian y tiene el índice más alto de impunidad", apuntó.

La representante de Nueva Alianza, indicó en entrevista que estas cifras proporcionadas por la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Nacional de Mujeres, son escalofriantes y constituyen las expresiones más evidentes de la distribución desigual y jerárquica del poder entre los hombres y las mujeres en la sociedad mexicana.

Según la Primera Encuesta de Cultura Institucional que se realizó en 2008, acotó, fueron detectados 25 mil 728 casos de acoso y hostigamiento sexual, en tanto que en sólo 7 mil 796 casos hubo una denuncia formal.

Dijo también que la segunda encuesta practicada en 2011 arrojó un registro de 28 mil 751 casos de los mismos delitos.

Ante estas manifestaciones de género, que suceden no sólo en la esfera doméstica sino también en sitios de trabajo, llamó a la Comisión Permanente a terminar con las irrisorias sanciones de uno 40 días de salario mínimo como multa, cuando el daño que se causa a la persona es de dimensiones descomunales.

Dio a conocer que presentó un proyecto de decreto para reformar y adicionar el Código Penal Federal con el fin de contemplar la pena carcelaria y la multa, así como destituir del cargo al hostigador e inhabilitarlo para ocupar otro cargo como servidor público.

Para ello, propuso modificar, en primer término, del artículo 259 bis, de dicho código con el fin de que se establezca pena de seis meses a dos años de prisión y multa de 200 a 500 días de salario mínimo.

Y si el hostigador es servidor público, explicó, se le destituya del cargo y se le inhabilite para ocupar otro cargo público, homologando la sanción conforme a lo establecido en la fracción tercera, del artículo 266 bis del mismo Código.

Precisó que a efecto de combatir el desamparo en que se deja a la víctima de estos delitos, se propone suprimir como requisito para que el delito sea punible "el daño o perjuicio", modificándolo a fin de establecer que la falta sea castigada cuando se realice con la amenaza de causar a la víctima dejar sin trabajo o atentar contra la vida de la víctima o de sus familiares.

Además, pidió incorporar un párrafo sexto al artículo 260 del Código, a fin considerar como agravante el daño causado cuando la víctima sea menor de edad, y adicionar a la fracción III del artículo 266 bis.

"Crear un registro sistematizado de los servidores públicos que haya incurrido en conductas de hostigamiento y abuso sexual, con el fin de instituir un buró público, donde se lleve una relación de quien cometa este tipo de delito", puntualizó.

Talamante Lemas expresó que si bien la violencia no se da exclusivamente en contra de las mujeres, es significativo "que somos quienes más la padecemos"./gh/m