• Recluido por ese delito, el 60 por ciento de población carcelaria de Islas Marías
• Respuesta institucional del Estado, insuficiente en el combate a las drogas: Fundación Cupihd
• Tan sólo en Estados Unidos, el consumo de la mariguana es mayor al del tabaco : Fernández Cáceres

29-07-2014.- El ex-canciller y economista, Jorge Castañeda Gutman, dijo que en vías de preparar a la sociedad para una posible legalización de las drogas, es necesario comenzar con la liberación de una pequeña cantidad de reclusos sentenciados por posesión y portación de pequeñas cantidades de mariguana.

Al participar en la mesa “Experiencias Internacionales de Regulación de Cannabis y otras Sustancias Controladas por el Régimen Internacional”, el ex secretario de Relaciones Exteriores precisó que alrededor del 60 por ciento de detenidos en las Islas Marías fueron sentenciados por ese delito.

“Liberarlos ayudaría a preparar a la sociedad mexicana para algo que es inevitable, no sabemos cuándo ni cómo, pero sí sabemos que va a suceder”, expresó.

Por su parte, Alejandro Mohar, miembro de la Junta Internacional de Estupefacientes (JIFE), de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), cuestionó que la falta de regulación de sustancias médicas controladas en México causa que pacientes necesitados de cuidados paliativos no puedan recibir asistencia. “En el panorama mundial, nuestro país está entre los últimos lugares en el acceso y distribución de morfina”, precisó.

“Hago un llamado de salud pública para incrementar las clínicas de cuidados paliativos y el acceso a morfina. El acceso a sustancias controladas debe ser una responsabilidad compartida entre gobierno y farmacéuticas, para darle una mejor vida a quienes necesitan acceso a medicamentos para el control del dolor”, expresó.

El fundador y director ejecutivo de Drug Policy Alliance, Ethan Nadelmann, aseguró que con la legalización de sustancias como la mariguana, las organizaciones criminales perderían una vasta ganancia, no estarían saturadas las cárceles y los gobiernos podrían destinar más recursos a salud y educación; no obstante, lamentó, “es algo que no pasará porque le da miedo a los políticos hablarlo”.

“Las casi 100 mil personas muertas en la guerra en contra del narcotráfico no son sólo gánsteres y policías, sino también gente inocente”, advirtió.

De igual forma, el director general adjunto de Retos al Desarrollo, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), Isaac Morales Tenorio, alertó de la aparición de nuevas drogas sintéticas que son más potentes y con efectos más prolongados. “Existen más de 200 nuevas sustancias psicoactivas que no están reguladas”, dijo.

Agregó que debido a las nuevas tecnologías de producción y control se han reducido las rutas geográficas para el trasiego de droga. “Ahora la cocaína no viene de una sola región, inclusive en el garaje de países desarrollados se puede fabricar”.

Aram Barra, oficial del Programa para América Latina Transform Drug Policy Foundation, refirió que nuestro país propuso la realización de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) 2016, para tratar el tema de la política de drogas, lo que “habla de la buena voluntad política del gobierno mexicano para promover un debate en torno a este problema”.

Detalló que para el encuentro se propondrá terminar la criminalización de personas que usan drogas y de campesinos de baja escala, para asegurar una respuesta proporcional y apropiada, además de restablecer los objetivos de las políticas públicas antidrogas. “Los tomadores de decisiones están de acuerdo en que las personas que producen drogas no son criminales y no merecen estar en prisión”, acotó.

A su vez, Eric Steenstra, director de la Hemp Industries Association, defendió las bondades del cáñamo, material que puede ser usado en alimentos, textiles, construcciones e incluso partes automotrices.

Posteriormente, participó Christian Sederberg, del Comité Ejecutivo de la Comisión de Regulación Responsable para la venta de mariguana medicinal en Colorado, quien dio a conocer el impacto de esta actividad en ese estado de la Unión Americana.

En la mesa de “Política de Drogas desde la Perspectiva Internacional”, Jorge Hernández Tinajero, presidente del Colectivo por una Política Internacional hacia las Drogas (Cupihd), aseguró que si bien el uso problemático de las drogas está reconocido como una enfermedad, “la respuesta institucional del Estado es insuficiente”.

Derivado de esto, abundó, existe una tolerancia hacia las actividades ilícitas respecto a drogas legales, como el alcohol, pero para las ilegales “todo uso se considera abuso”. Por otro lado, señaló, los recursos destinados a salud y seguridad son desproporcionados.

Asimismo, dijo, al crear la idea de que todo consumo representa una enfermedad, los usuarios se alejan de las instituciones de salud que los pueden ayudar. Agravando esta situación, añadió, sólo uno de cada cuatro centros de rehabilitación cumple con las normas oficiales mexicanas.

En tanto, el presidente el Patronato de los Centros de Integración Juvenil A.C., Roberto Tapia, sostuvo que tener leyes en materia de drogas no necesariamente significa que en las calles no se den los problemas ligados a su consumo; “no por regularlas significa que vamos a entrar en un mundo ideal”.

Lo anterior, explicó, dado que históricamente se ha observado lo que ocurre cuando las drogas se vuelven de libre acceso, como el caso del tabaco. Por ello, enfatizó, “la legalización de la mariguana debe analizarse sin posturas personales y sin la influencia de intereses económicos”. Asimismo, “debemos insistir en mayor inversión en el tema de prevención y tratamiento. Para tener una buena política de drogas, se requiere infraestructura, y México no la tiene”.

En su intervención, el presidente de la Fundación en Latinoamérica Reforma, Sergio Sánchez Bustos, opinó que la actual política de drogas en varios países se concentra en restringir y vigilar el consumo, en lugar de regularlo. Para formularlas, abundó, debe construirse desde criterios de racionalidad, alejándose de cualquier moral que enjuicie a las drogas o a sus consumidores.

“Ha llegado el momento de reparar los errores históricos, entregando políticas basadas en lógicas sanitarias construidas a partir de los derechos humanos, y dejar de criminalizar innecesariamente, transformando los sujetos de la marginalidad que permanecen fuera del estrecho circuito de regulación que hoy se nos presenta”, sostuvo.

Por su parte, Sergio Rojas Andersen, director del Instituto Mexiquense contra las Adicciones, destacó la labor de esta instancia al coordinar 36 centros de atención a las adicciones, con lo que se combate la problemática en la entidad, donde el 23.5 por ciento de su población total son fumadores activos; 0.3 consume drogas ilegales, y 9.7 de los hombres y 2.2 de las mujeres abusan del alcohol.

Durante la mesa “Perspectiva de la política de drogas en México”, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, dijo que es necesario construir una política de drogas desde la perspectiva de los más altos estándares internacionales en protección a los derechos humanos.

Destacó que tan sólo en el Distrito Federal, durante el 2012 y 2013, el 98 por ciento de las personas consignadas con cargos de narcomenudeo fueron condenadas culpables; mientras, el 84 por ciento de las sentencias por este delito fueron menores a 3 años, lo cual demuestra que “si bien las personas poseían cantidades superiores a las permitidas, no se comprobó que fueran vendedores o comerciantes. Es decir, los usuarios de drogas son enjuiciados por el sistema de justicia sin haber cometido otro delito que poseer cantidades por encima de las permitidas por la Ley”.

En su turno, la directora general de Centros de Integración Juvenil A.C. (CIJ), Carmen Fernández Cáceres, resaltó que el consumo de la cannabis genera efectos psicosociales, ya que disminuye la coordinación motora, aumenta el riesgo de accidentes, afecta la toma de decisiones, además de que su uso temprano se asocia con la disminución en el rendimiento escolar o abandono, por lo que se requiere mayor presupuesto para su prevención y tratamiento.

Comentó que en el Distrito Federal se presentó un aumento en el consumo de mariguana en la población adolescente, debido a una mala percepción de riesgo y porque no se da información del daño que causa a la salud; mientras, continuó, en Estado Unidos el consumo de la cannabis ya rebasa el del tabaco, lo que aumentó en 59 por ciento los ingresos a las salas de urgencia relacionados con el consumo de esta droga, mientras que el tratamiento por consumo creció 14 por ciento.

Por su parte, la investigadora y coordinadora del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), Catalina Pérez Correa, dijo que las narcóticos actualmente considerados ilegales no pueden ser atendidos desde la perspectiva de las instituciones penales, sino desde las de salud, ya que se debe atender el asunto como salud pública, por lo que se requiere reducir el consumo con campañas de prevención basadas en la evidencia y alentar la experimentación con modelos de regulación legal de ciertas drogas. “Es a través del sistema de salud y no del sistema penal que se debe atender el problema de consumo de estas sustancias”, acotó.

Opinó que “México continúa criminalizando a los consumidores”, ya que entre el 2009 y 2013 fueron detenidos a nivel nacional 140 mil 860 personas por consumo e iniciadas 52 mil 74 averiguaciones. Ante ello, dijo, los usuarios de sustancias deben ser reconocidos como sujetos de derecho a la salud, autonomía y al libre desarrollo de la persona, a no ser discriminados y, sobre todo, a la información.

En tanto, el presidente del Comité de Dirección Nacional de Nueva Alianza, Luis Castro Obregón, expresó que es indispensable establecer un enfoque viable y eficaz que propicie políticas diseñadas para la prevención del crimen organizado. “México podría asumir un liderato con Colombia y Centroamérica para iniciar un diálogo y un debate sobre la regulación de drogas e ir forzando a Estados Unidos a asumir una posición clara y responsable”, acotó.

Se debe promover la participación social; impulsar acciones cívicas y sociales que comprometan a la sociedad en la prevención del consumo de drogas; institucionalizar políticas de inteligencia que permitan conocer a detalle la operación; ponderar las cantidades mínimas establecidas, y crear medidas correctivas y preventivas para inhibir su consumo; así como impulsar actividades lúdicas y recreativas en los jóvenes.

Por último, el politólogo Jorge Javier Romero comentó que el consumo de drogas en México ha estado disponible siempre, por lo que la prohibición no ha servido para reducir la disponibilidad de drogas; por el contrario, sirve para extorsionar en cárceles a gente que la consume o al pequeño narcotraficante.

Subrayó que no existe una política seria en prevención de adicciones ni reducción de daño, y preguntó: “¿cuántos miles de jóvenes han sido extorsionados, vejados, detenidos por posesión de pequeñas cantidades de drogas?” Los usuarios son estigmatizados, no hay control de la actividad, ni importa si a quienes las venden son menores de edad, o venden dosis adulteradas y contaminadas.

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