• Fijan fracciones parlamentarias posiciones en torno a leyes eléctrica y de energía geotérmica

• Reforma busca dejar a CFE usuarios menores y el gran negocio a industrias privadas; no habrá reducción de tarifas: PRD,MC y PT

29-07-2014.- Durante la sesión de hoy, diputados de los siete grupos parlamentarios fijaron su posición respecto al dictamen por el que se expide las Leyes de la Industria Eléctrica y la de Energía Geotérmica, y se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales

Previo a su aprobación en lo general, con 331 votos a favor y 128 en contra, legisladores del PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza se manifestaron a favor del dictamen, pues contribuirá a generar la transformación del sector energético, permitirá aprovechar la energía geotérmica, ya que es la cuarta potencia mundial y en el país no se utilizaba; y establecerá condiciones de competencia entre generadores y distribuidores a fin de brindar una oferta diversificada, suficiente, continua y de alta calidad.

En tanto, diputados del PRD, Movimiento Ciudadano y PT expresaron su voto en contra del dictamen, pues no se garantiza la existencia de un sistema eléctrico integrado y se deja de lado conceptos como la distribución de energía eléctrica y la potencia, se establece la expropiación de terrenos que resulten adecuados para el desarrollo de proyectos de empresas privadas, además de que se elevarán las tarifas hasta de un 40 por ciento.

En el posicionamiento del PRI, la diputada Irazema González Martínez Olivares, garantizó que “no se quita el subsidio, se fortalece en las tarifas eléctricas; habrá un apoyo focalizado para grupos vulnerables”.

Aseguró que abrir un esquema de competencia en el sector eléctrico nacional no riñe con la rectoría del Estado, porque es la mejor manera de alcanzar mejores tarifas y desarrollo económico sustentable, compatible con el cuidado del medio ambiente. Asimismo, continuó, se otorga certeza jurídica a la producción privada de energía.

Precisó que por primera vez se establece en el país un marco jurídico para aprovechar la energía geotérmica, ya que es la cuarta potencia mundial y no se utilizaba.

A nombre del PAN, el diputado Juan Bueno Torio afirmó que es falso que se desmantele a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). “Será y seguirá siendo una empresa del Estado. La nueva organización no representa el abandono del Estado mexicano en la conducción del sector”, por el contrario, dijo, se fortalece la rectoría económica y la planeación, para garantizar la soberanía nacional en áreas estratégicas del país.

Explicó que el modelo establece condiciones de competencia entre generadores y distribuidores; se moderniza al sector; se vigoriza al órgano regulador, donde la CFE será un actor importante con los particulares, los cuales tendrán utilidades, “nadie lo niega”, aceptó. La realidad es que la CFE perdió 42 mil millones de pesos el año pasado, lo cual debe corregirse para convertirla en una empresa productiva del Estado y deje de perder tanto dinero, destacó.

Precisó que muchas inversiones se pierden por tener energía cara y de mala calidad, y afecta la capacidad de compra en los hogares, aún con el subsidio. “En ningún lado de la reforma se plantea eliminar los subsidios, en tanto no tengamos un mercado maduro de energía eléctrica, los subsidios no se pueden erradicar de un plumazo”, estimó.

La diputada Aleida Alavez Ruiz, en el posicionamiento del PRD, refirió que se compromete la seguridad energética al privilegiarse criterios mercantilistas para fijar las tarifas, olvidando que acceder a la energía eléctrica es una derecho humano, que el Estado debe salvaguardar.

Indicó que en aras de promover la inversión privada, el Estado mexicano renuncia a sus facultades para manejar y administrar al sector; por ello, estimó que habrá una fragmentación del sistema eléctrico nacional, que alentará un crecimiento ficticio que beneficiará sólo a unos cuantos.

Insistió en que eliminará del subsidio, con lo que las tarifas eléctricas perderán su carácter social y serán establecidas bajo premisas netamente especulativas. Agregó que se obliga a pagar el pasivo laboral de la CFE que asciende a 500 mil millones de pesos, es decir, 10 años de subsidios al costo.

En el posicionamiento del PVEM, la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, destacó la visión para que la industria eléctrica nacional opere con políticas públicas de largo plazo en un marco fiscal, laboral y regulatorio que permita una oferta diversificada, suficiente, continua y de alta calidad, maximizando el aprovechamiento de sus recursos y asegurando un desarrollo sostenible económico, social y ambiental.

Con la apertura a la inversión, continuó, se garantiza que el Estado mantenga la rectoría sobre el sector, fortaleciendo instituciones estratégicas como la comisión. El servicio público de transmisión y distribución de electricidad lo seguirá prestando la CFE con la regulación de la Comisión Reguladora de Energía, para incentivar la expansión y operación eficiente de las redes.

Subrayó el gran potencial para aprovechar las energías limpias, a través Ley de Energía Geotérmica, lo que refrenda el compromiso para impulsarla, a través de un mayor financiamiento de los proyectos, para promover el desarrollo tecnológico, incrementar los niveles de eficiencia y reducir el impacto ambiental en la generación de electricidad.

En tanto, el diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (Movimiento Ciudadano) indicó que su voto sería en sentido negativo, pues la privatización del sector eléctrico nacional representa un retroceso en el tiempo, cuando se dependía exclusivamente del sector privado, se tenía deficiencias técnicas y costos exorbitantes en el servicio, pues con la eliminación de los subsidios que se prevé con esta reforma, aumentarán las tarifas hasta de un 40 por ciento.

Agregó que con este dictamen se renuncia a la propiedad de los recursos nacionales y a la rectoría de la industria eléctrica, a la energía geotérmica y las aguas nacionales, para sujetar su operación a una lógica exclusivamente mercantilista de lucro y maximización de los ingresos de las empresas particulares.

De igual manera, manifestó que esta reforma prevé facultar a la Secretaría de Energía para ordenar la expropiación de terrenos que resulten adecuados para el desarrollo de proyectos de empresas privadas, lo cual pondrá en jaque a campesinos e indígenas que no tendrán otra alternativa que entregar sus tierras a inversionistas a cambio de indemnizaciones ridículas.

En representación del grupo parlamentario del PT, el diputado José Alberto Benavides Castañeda se pronunció en contra, toda vez que este ordenamiento jurídico no garantiza la existencia de un sistema eléctrico integrado y se deja de lado conceptos como la distribución de energía eléctrica y la potencia,

Añadió que tampoco se promueve el uso de energías limpias, pues sólo se estipula la promoción de criterios de sustentabilidad, lo cual no genera ningún compromiso u obligación a los participantes del sector y no se incluyen los actos de corrupción como un caso que implique una separación legal de un participante de los sectores de generación y suministro de la industria eléctrica, y no se determinan impactos económicos ni fiscales de esta reforma.

Reiteró que las tarifas no bajarán para la población en general o por lo menos no con el esquema que han promocionado de disponibilidad de insumos baratos y productores privados. “Esta aseveración es falsa hoy y lo ha sido en los últimos años. Han bajado los costos de los insumos y los privados generan casi el 40 por ciento de la electricidad y no se refleja esto en la reducción de tarifas a los consumidores”.

Para fijar la postura del grupo parlamentario de Nueva Alianza, la diputada mencionó que aprobar estas reformas permitirá generar la transformación del sector energético, además que la población será beneficiada con mejores ofertas de servicios o tarifas y se brindará certeza jurídica para atraer la inversión que detone el desarrollo económico social.

Sostuvo que las condiciones actuales en que se atiende el requerimiento de energía eléctrica son insostenibles; por ello, agregó, se tiene la responsabilidad de transitar hacia una Ley de la Industria Eléctrica que permita contribuir al desarrollo y modernización de este sector.

Resaltó que las reformas permitirán la participación pública y privada en condiciones de competencia y libre concurrencia, en la generación y comercialización de la energía eléctrica, además de que en los proyectos de infraestructura se respetarán los principios de sostenibilidad y los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretende desarrollar.

Al hablar en contra del dictamen, la diputada Graciela Saldaña Fraire (PRD) dijo que no se puede estar a favor de una ley en donde no están definidas, explicadas y clasificadas las energías limpias, y en dónde no se presenta mayor información de cómo se daría el procedimiento de uso y ocupación superficial en las exploraciones geotérmicas.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (Nueva Alianza) resaltó que al haber creado una Ley de Energía Geotérmica, es pensar en el mediano y largo plazo en un esquema de desarrollo sustentable para México. “Estamos a favor de propuestas que conllevan a un modelo de corresponsabilidad económica y ambiental. Estaremos atentos a salvaguardad los derechos sociales, económicos y ambientales de cada ciudadano”, afirmó.

Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, diputada del PRD, expresó que con esta ley se quita el derecho a los mexicanos a obtener un servicio básico de la electricidad como bien y derecho público. “Con un mercado abierto, se originará el aumento de precios en las tarifas eléctricas; implica riesgo de desabasto; generará caos y pobreza, pues quienes no tiene un salario justo deberá decidir si pagar la luz o darle de comer a sus familias”.

A su vez, el diputado Felipe Arturo Camarena García (PVEM) resaltó que con estas reformas se permite la concurrencia de actores distintos a los públicos en las actividades de la industria eléctrica, lo que permitirá ganar tecnología y experiencia en la distribución de la energía, así como combatir pérdidas, que se traducirán en ahorros y servicio óptimo.

De Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Mejía Berdeja mencionó que el dictamen, “como toda la reforma energética, se basa en la gran mentira de la reducción de las tarifas de la luz y del gas. Lo que pretende esta reforma es consumar la privatización total de la electricidad del país; dejarle a la CFE los usuarios menos rentables, los consumidores domésticos y la generación de electricidad en comunidades rurales; el gran negocio estará en las manos de las industrias privadas”.

El diputado Adolfo Bonilla Gómez (PRI) subrayó que con estas reformas, el Estado conserva la exclusividad en la planeación y control del sistema eléctrico nacional, permitiendo la participación a los particulares. “A mediano y largo plazo el incremento de la inversión y la innovación tecnológica redundarán en más y mejor energía, con el consecuente incremento en el nivel de bienestar de la población”, aseguró.

La legisladora Loretta Ortíz Ahlf (PT) dijo que estar en contra de esta ley, pues la energía eléctrica y geotermia “son violatorias de derechos fundamentales”. Añadió que se regula la privación del derecho a la propiedad de manera arbitraria, sin satisfacer el de acceso a la justicia de los propietarios.

Por el PAN, el diputado Ricardo Villarreal García relató que con esta reforma se podrá tener soberanía energética, pues hoy se importa más del 50 por ciento de las gasolinas y demás derivados del petróleo y más del 35 por ciento del gas. “El nuevo modelo nos permitirá volvernos un país moderno y de vanguardia. Nos ahorrará miles de millones de pesos que podrán ser utilizados en bienes y servicios”.

Rodrigo González Barrios, diputado del PRD, argumentó que quienes plantean que este tipo de reformas son “victorias culturales”, no dicen que salen muy caras al país, pues ¿cuánto van a costar estos pasivos? “Es falso que las tarifas vayan a bajar. Estas son contrarreformas que van en contra de los campesinos y de los ciudadanos”, dijo.

A su vez, el diputado Raymundo King De la Rosa (PRI) indicó que estos cambios contienen amplios apoyos, pues permite mayor competencia acompañada de reguladores fuertes y una empresa vinculada a la eficiencia. “Estamos ante la gran oportunidad que impactará en las tarifas eléctricas domésticas e industriales, y así tener beneficios de la reforma”.

El diputado Rosendo Serrano Toledo (PRD) dijo que es necesario un cambio veredero en donde Pemex y CFE se modernicen,pero “no la venta de ellos como se está haciendo ahora”. En estas reformas, agregó, “hay un despropósito sin límites”. “Se lleva al país a una ruta lamentable, pues se dejará de administrar lo que nos da sustento fiscal y hoy estará en manos de extranjeros y privadas”.

Reservas

Se reservaron para su discusión en lo particular los artículos:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 100, 101, 104, 105, 107, 108, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 146, 150, 151, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166 y los transitorios tercero, cuarto, quinto, sexto, noveno, décimo segundo, décimo séptimo, décimo octavo y décimo noveno y se adiciona un vigésimo quinto de la Ley de la Industria Eléctrica.

En tanto, de la Ley de Energía Geotérmica se reservaron los artículos:1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 23, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 37, 39, 47, 51, la adición de un artículo 52 bis, 53, 54, 55, 57, 61, 66 y los transitorios séptimo y octavo.

Finalmente de la Ley de Aguas Nacionales se reservaron para su discusión los artículos 18 y 81.

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