29-07-2014 La Comisión de Derechos Humanos, que preside la diputada Miriam Cárdenas Cantú (PRI), aprobó la creación de un grupo de trabajo para determinar si existieron violaciones a los derechos humanos durante la implementación de la llamada “Ley bala” en el estado de Puebla e identificar a los posibles responsables.

De igual manera, acordó sumarse a los puntos de acuerdo presentados al respecto ante la Comisión Permanente por diferentes legisladores y solicitar en su caso su pronta resolución.

En este sentido, Cárdenas Cantú mencionó que existe un punto de acuerdo impulsado por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja de Movimiento Ciudadano, para exhortar a la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla a que esclarezcan las causas de la muerte del menor Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, y al Ministerio Público solicitar la reparación del daño.

Asimismo, señaló el punto de acuerdo de la diputada María del Rocío García Olmedo del PRI, quien pidió a la Comisión Permanente exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigar la probable violación de los derechos humanos en este incidente.

Sostuvo que la Comisión está comprometida a defender a cabalidad los derechos humanos de los habitantes del país, por lo que estos sucesos no se pueden pasar por alto, ya que ocurrió el fallecimiento de un adolescente.

La diputada Roxana Luna Porquillo (PRD) expuso que a partir de la implementación de “ley bala” han sido detenidas cerca de 33 personas en menos de tres meses.

Enfatizó que en el tiempo de implementación creció la represión y se ha dejado de lado el diálogo como vía para atender los problemas sociales de la región, para ser utilizada la fuerza del estado, a través de los elementos de la policía.

Un ejemplo, afirmó, es lo sucedido en el municipio Tehuacán, donde pobladores de la Sierra Norte fueron desalojados sólo por defender el derecho de una oficina del registro civil, el cual es un elemento importante en estas regiones. En esta protesta fueron detenidas ocho personas

Otro fue lo ocurrido en San Bernardino Chalchihuapan durante una manifestación de habitantes procedentes de once puntos del estado, donde falleció el menor de edad Luis Alberto Tehuatlie Tamayo y otro hombre perdió el habla, porque “una bala de goma que le perforó la mejilla, dañó la mandíbula y parte de la lengua, y a un niño se le tuvo que reconstruir una mano”.

Por ello, manifestó la necesidad de establecer el diálogo para reconstruir la confianza de los poblanos y solicitó a los integrantes de la Comisión hacer un llamado sobre la implementación de estas políticas.

“Esta Comisión debe hacer un reclamo al titular de la CNDH porque él fue uno de los principales en decir que esta ley era correcta, pero ahí están las consecuencias del uso de la fuerza por medio de este tipo de artefactos”, aseguró.

Por su parte, la diputada María del Rocío García Olmedo (PRI) lamentó los hechos y condenó el uso desproporcionado de la fuerza pública, por lo cual exigió una investigación que llegue hasta las últimas consecuencias.

La legisladora presentó un punto de acuerdo para exhortar al gobierno del estado se investigar los sucesos y solicitar se manejen los debidos protocolos cuando se tenga que atender una manifestación pública y se exploren los canales más idóneos para dar solución a la problemática que originó el descontento social.

La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem (PRD) informó que la semana pasada diputados de su grupo parlamentario y el PT hicieron pública una solicitud al Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con el propósito de que intervengan y se dé pronta solución a estos hechos.

Por su parte, los diputados Vicario Portillo Martínez y José Luis Muñoz Soria, del PRD, puntualizaron que es fundamental que la Comisión se entreviste con los presos políticos del estado, y solicitar al gobierno estatal sensibilidad para sentarse con la parte opositora y llegar a un acuerdo por la vía del diálogo. Pidieron garantizar el respeto a los derechos humanos en cualquier parte del país.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez (Movimiento Ciudadano) sostuvo que le corresponde a la CNDH, de forma pronta y expedita, actuar y determinar si hubo excesos por parte de autoridades estatales y municipales, y en segunda instancia que la Procuraduría General de Justicia del estado, a través del Ministerio Público, proceda con imparcialidad y justicia.

Los legisladores Verónica Sada Pérez y Carlos Fernando Angulo Parra, del Partido de Acción Nacional, coincidieron en que a la CNDH se le debe exigir su intervención para que se esclarezcan los hechos, ya que es compromiso de la Comisión defender a cabalidad los derechos humanos.

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