• Hay que proteger el patrimonio y los derechos de quienes adquieren una vivienda; es necesario prohibir las prácticas ilegales que se cometen en el sector constructor-inmobiliario, asevera la diputada de Morena

Palacio Legislativo, 13-09-2021 (Notilegis).- Con el propósito de poner un alto a los engaños y fraudes de las inmobiliarias y constructoras, así como proteger los derechos de las y los compradores y el patrimonio de las familias mexicanas, la diputada federal Blanca Araceli Narro Panameño (Morena) presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a fin de prohibir forma expresa en la ley la preventa o venta de inmuebles que no cuenten con las licencias y permisos de construcción.

De acuerdo con el Programa Nacional de Vivienda 2017-2024, “la carencia por calidad y espacios de vivienda afecta al 11.1 por ciento de la población, mientras que el 19.8 por ciento de la población experimenta carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda. Esta problemática se exacerba en el caso de grupos en condición de vulnerabilidad. México está lejos de garantizar la asequibilidad de la vivienda. De acuerdo con un análisis de los precios de la vivienda asequible de 2015 en 45 países de la OCDE, México se coloca como el decimotercer país con menor asequibilidad en la vivienda”.

La legisladora, integrante del SNTE, refirió que dicha situación se agrava si se toma en cuenta que los desarrolladores inmobiliarios y las constructoras ponen en preventa o venta viviendas que en muchos casos no cuentan con las autorizaciones, trámites o licencias de uso del suelo, de construcción, o de alguna otra acción urbanística.

La propuesta de la legisladora tamaulipeca señala que esta situación deja a los compradores expuestos a diversos riesgos como fraudes, estafas y los sofocantes perjuicios legales, derivados de contratos leoninos, así como la imposibilidad de tomar posesión de su vivienda debido a que fue clausurada la construcción por la autoridad al carecer de permisos.

Enfatizó que de acuerdo con ONU Hábitat “el desarrollo urbano no planificado y mal manejado puede conducir al aumento de la desigualdad, el crecimiento de villas miseria e impactos desastrosos en el clima”.

Narro Panameño busca reformar la ley, con el objeto de establecer de forma expresa que corresponde a los municipios y entidades federativas prevenir y evitar la preventa y venta de inmuebles para vivienda de conjuntos urbanos o desarrollos habitacionales que no hayan demostrado tener previamente las autorizaciones, trámites, licencias o de uso del suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones, condominios y para cualquier otra acción urbanística, en los términos previstos en la Ley y en las leyes de las entidades federativas.

Además, con la finalidad de que dicha obligación “no quede en letra muerta”, propone adicionar un párrafo, a efecto de mandatar que las leyes de las entidades federativas deberán establecer la obligación de las autoridades estatales y municipales, en la materia.

Finalmente, la diputada comentó que su propuesta está sustentada en buenas prácticas internacionales como lo es la Nueva Agenda Urbana, aprobada por las Naciones Unidas en 2016. “Una vivienda adecuada debe otorgar certeza jurídica, ya que es mucho más que un simple bien inmueble; representa un espacio de convivencia, de seguridad y de construcción de lazos afectivos”.

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