• El diputado de MC propone modificar diversas leyes y el Código Fiscal de la Federación

Palacio legislativo, 18-10-2021 (Notilegis).- El diputado Salomón Chertorivski Woldenberg (MC) propuso reformas para incluir en las declaraciones de situación patrimonial las inversiones que se realicen en otros países, a fin de detectar contribuciones omitidas derivadas de operaciones realizadas en el extranjero.

Con este propósito, planteó modificar diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.

Al fundamentar su iniciativa, explicó que incurriría en enriquecimiento oculto el servidor público que no dé cuenta del incremento de su patrimonio o uso y disfrute de bienes o servicios que se encuentren en otros países, y que no sea explicable o justificable.

También, dijo, se consideraría como simulación de acto jurídico la inversión en personas morales constituidas en el extranjero, realizada por cuenta propia o representado por terceros, sin que sea referida en la declaración de situación patrimonial, de intereses y fiscal.

La obtención de rendimientos, dividendos, bonos o participaciones dentro del capital social de personas morales extranjeras o fideicomisos, y su transferencia por medio de Entidades Financieras extranjeras, sin importar el monto de las mismas.

El legislador explicó que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) los paraísos fiscales son aquellas jurisdicciones que cumplen con cuatro factores: impuestos mínimos o inexistentes sobre los ingresos percibidos.

Asimismo, la ausencia o falta de un sistema para el intercambio de información, de transparencia y de actividades económicas sustanciales en el destino, agregó

Abundó que, en 2000, ya se tenían identificados al menos 40 jurisdicciones que se sincronizaban con estas consideraciones, estableciendo un régimen fiscal para limitar la información de personas físicas o morales.

La propuesta se turnó a comisiones unidas de Transparencia y Anticorrupción y, de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

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