Palacio Legislativo, 31-01-2021 (Notilegis).- El Grupo Parlamentario del PRI llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) a vigilar las acciones de los llamados “Servidores de la Nación” en la política nacional de vacunación contra el Covid-19, para evitar que cometan delitos electorales.

En un comunicado, las y los diputados de la bancada informaron que, mediante un punto de acuerdo, solicitaron al INE observar que el uso de vacunas no favorezca a un partido político, ni a sus candidatos; y al Gobierno Federal, que transparente la labor de estos servidores públicos que no están vinculados con asuntos de salud pública.

Asimismo, reclamaron datos precisos, como con cuánto presupuesto operan, qué hacen y cuántos son; a las Secretarías de Salud y Bienestar solicitaron que informen cuáles fueron los procesos de selección y el listado total de beneficiarios de los “Servidores de la Nación” que fueron vacunados, las dosis utilizadas, los módulos de aplicación y la región en la que se encuentran laborando, así como el tiempo estimado de inmunización.

Las y los legisladores alertaron que la incorporación y preponderancia de estos promotores del voto, en la jornada nacional de vacunación, genera incertidumbre y puede derivar en un desorden en la aplicación de las vacunas contra el Covid-19 Y el uso electoral de las dosis.

Exigieron “una jornada electoral que se desarrolle en el marco de la legalidad y todo hecho que vulnere nuestro marco jurídico sea sancionado, más cuando esté relacionado el uso de servidores públicos y el ejercicio de recursos de todas y todos los mexicanos, los cuales deben ser ejecutados para impulsar mejores condiciones de vida”.

“Los ‘Servidores de la Nación’ son empleados del gobierno que realizan acciones de proselitismo, apoyan en organizar a los asistentes en actos del presidente de la República, en plazas públicas, dirigen porras, ovaciones al mandatario, lanzan consignas y ofensa a los gobernadores de oposición”, manifestaron.

Recordaron que los impulsores fieles de la imagen presidencial, pertenecen a la Secretaría de Bienestar y están identificados con los beneficiarios de los programas sociales, y su actuación ya violó la norma jurídica.

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