• Legisladoras, legisladores, especialistas y activistas coinciden en que la actual administración ha retrocedido en materia de política de género y protección a migrantes

Palacio Legislativo, 25-01-2021 (Notilegis).- La inseguridad y la falta de garantía en materia de derechos humanos son algunos de los grandes problemas que aquejan a nuestro país. La actual administración “debe garantizar el bienestar social a los ciudadanos, así como impulsar programas para fortalecer a la juventud y restablecer el tejido social en los sectores más afectados”, afirmó la diputada Mónica Bautista Rodríguez (PRD).

A través de un comunicado, precisó que de acuerdo con el estudio “Impunidad Cero”, sólo una de cada diez investigaciones por homicidio doloso es resuelta. Mientras que el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio Contra Las Personas LGBT, de 2014 al 17 de mayo de 2020, afirma se tienen registrados 209 casos de odio.

Durante el panel “Seguridad, justicia, derechos humanos y diversidad”, organizado como parte de la Plenaria Nacional Legislativa del PRD, Antonio Medina Trejo, director de La Diversidad Sexual del partido, destacó que los temas de diversidad sexual han sido un tema que el partido ha defendido desde hace más de 20 años.

“No hemos dejado de asimilar esta agenda social de un sector históricamente vulnerado, históricamente excluido de las políticas públicas, de los beneficios que el Estado Mexicano tiene que darle a todas sus poblaciones”, enfatizó.

Arussi Unda, vocera del colectivo Las Brujas del Mar, cuestionó que pese al impulso que se ha dado a la equidad de género en los últimos años, exista un retroceso en cuanto a los derechos de las mujeres en México, por lo que hizo un llamado a implementar acciones efectivas desde el Poder Legislativo. “No importa cuantas campañas se hagan si el aparato de justicia no sirve”, sentenció.

Melissa A. Vértiz Hernández, secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria se refirió a la actual política migratoria en México, la cual, dijo, “viola de manera sistemática y sistémica los derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional en México”.

Por ello, aseguró que es necesario que el tema migratorio vuelva a la Secretaría de Gobernación, pues la Cancillería ha utilizado este tema como “moneda de cambio”, y pensar en una reforma integral que abarque la protección, garantía y respeto de todos los derechos.

Lilian Chapa Koloffon, investigadora senior en The World Justice Project, señaló que el Ejército se ha involucrado cada vez más en acciones de seguridad pública a través de la Guardia Nacional, “estas medidas de tipo punitivas no sirven para que haya menos delitos”. Por el contrario, indicó, se debe privilegiar la prevención del delito y la transformación y capacitación de la policía.

Por otro lado, Lisa María Sánchez Ortega, directora general de México Unido Contra la Delincuencia, precisó que una de las preocupaciones que tienen las organizaciones de la sociedad civil refiere a la regulación del uso de cannabis.

Enlistó algunas de las modificaciones que deberían realizarse a la minuta turnada por el Senado a la Cámara de Diputados: eliminar el delito de posesión simple, así como revisar el sistema de permisos para la posesión de cannabis, además de los requisitos que el Instituto de la Cannabis exige a consumidores y para las asociaciones cannábicas.

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