• En los primeros 10 meses de 2020, de los 120 mil 102 contratos, 95,887 han sido entregados por vía de la adjudicación directa, es decir, el 79.8%, señala la diputada del PRD

Palacio Legislativo, 24-01-2021 (Notilegis).- La diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora (PRD) propuso una reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público con el objetivo de erradicar la corrupción dentro de las licitaciones públicas y contrataciones del Gobierno Federal.

Planteó reformar los artículos 7, 22, 40 y 42 y adicionar un artículo 59-BIS de la Ley, “para que sea más determinante y no dé lugar a interpretaciones diversas, que son aprovechadas por servidores públicos inescrupulosos, para burlar las disposiciones constitucionales y legales, como ocurre en la actualidad”.

Además, de establecer, en forma clara y terminante, los límites de la cantidad de contratos y de los montos presupuestales que podrán ser asignados por las vías excepcionales de invitación restringida y adjudicación directa, umbrales que deberán observar las dependencias y entidades del sector público, así como los servidores públicos que participen en las contrataciones respectivas.

Rodríguez Zamora explicó en un comunicado que la Constitución establece como regla general el que las contrataciones que realice el sector público se otorgarán a través de licitaciones públicas que aseguren al Estado las mejores condiciones, dejando otros procedimientos como excepciones reguladas por la ley.

Además de que el PND 2019-2024 refiere que la prohibición de las adjudicaciones directas en la asignación de todo tipo de contratos del Sector Público quedó enlistada como una de las primeras medidas para combatir y erradicar la corrupción, vinculándola con conductas reprochables tales como el desvío de recursos públicos, beneficio a terceros a cambio de gratificaciones, tráfico de influencias, el amiguismo, el compadrazgo y el aprovechamiento del cargo o función pública para lograr beneficios personales o de grupo.

Sin embargo, expresó que la actual administración ha privilegiado en forma inconstitucional e ilegal la contratación por la vía de las adjudicaciones directas y, en menor medida, mediante la invitación restringida, convirtiendo las excepciones en la regla.

Dijo que según un estudio de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, A.C., basado en datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondientes a los primeros 10 meses de 2020, de los 120 mil 102 contratos que en el corte de ese estudio constaban en la base de datos oficiales, 95,887 han sido entregados por vía de la adjudicación directa, es decir, el 79.8%. Otros 6 mil 729 contratos, el 5.6% del total, se otorgaron por invitación restringida y sólo el 11.5%, o sea 13 mil 821, se adjudicaron por licitación pública.

“El Gobierno Federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ha incurrido en una grave violación a la Constitución y a las leyes, lo que conlleva también el incumplimiento descarado de su propio PND”, denunció.

La legisladora concluyó que “se trata de darle fuerza a la noción de respeto y apego a la ley con la que deben conducirse los servidores públicos que disponen de recursos públicos en virtud de su cargo, cosa que es parte de la cultura de la legalidad que nuestro país requiere urgentemente desarrollar para erradicar la corrupción”.

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