• El dictamen atenta contra la presunción de inocencia, los derechos humanos, y contraviene recomendaciones de organismos internacionales

Palacio Legislativo, 06-10-2020 (Notilegis).- La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, Verónica Juárez Piña, anunció que su bancada votará en contra de la minuta del Senado que reforma diversas leyes y ordenamientos “para ampliar el universo de delitos susceptibles de prisión preventiva oficiosa”.

En un comunicado, apuntó que “constituye una violación a la presunción de inocencia, a los derechos humanos de personas acusadas indebidamente y a los convenios internacionales del Estado mexicano en la materia”.

Juárez Piña sostuvo que el dictamen es contrario a la reforma constitucional que le dio origen en 2019, “que a su vez es un retroceso a los avances registrados a los cambios hechos a la misma Carta Magna en 2008, porque en los hechos es una pena anticipada”.

La mañana de este martes, en la reunión de la Comisión de Justicia se discutió la minuta del Senado de la República.

“Cada vez empeora más la pretensión del Estado mexicano de violar las prerrogativas fundamentales de la población con reformas como ésta”, externó.

La minuta contraviene recomendaciones de organismos internacionales con los cuales México está comprometido, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según la cual la aplicación de la prisión preventiva oficiosa debe ser excepcional y no la regla, como ahora se pretende hacer.

“Esta tendencia a violentar cada vez más los derechos humanos la denunció el Grupo Parlamentario del PRD desde la reforma constitucional de 2019 porque normaliza en la misma Carta Magna la prisión preventiva oficiosa y ahora la concretaría en diversas normas, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto a varios delitos, si el Pleno avala este dictamen”, expuso.

Los impulsores de esta reforma ni siquiera prevén si disminuirá la incidencia delictiva en el país, y constituye una interferencia ilegítima de los legisladores en las facultades de evaluación que compete a la autoridad judicial.

“Lo único seguro es que implicará más agresiones de la autoridad a la ciudadanía porque es, en los hechos, una ‘pena anticipada’ de los acusados, muchos de los cuales pueden resultar inocentes al término de un juicio o, incluso, antes de ser enjuiciados, quienes sin embargo ya habrán sufrido la prisión preventiva oficiosa”, abundó.

“No queremos minimizar la inseguridad que vive nuestro país. Sin embargo, la ampliación de la aplicación de la prisión preventiva oficiosa es una salida falsa que descansa en la suposición que quienes roban combustible, portan armas, cometen delitos electorales y los corruptos dejarán de serlo solamente por encarcelarlos un tiempo o que esta situación disuadirá a sus cómplices”.

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