• Pretende que quienes tengan antecedentes como deudores de pensión alimenticia, acosadores o agresores por razones género no puedan aspirar a ninguna función pública o cargo de elección popular • Se busca prevenir la violencia institucional, elevar el nivel de ética pública y proteger y garantizar jurídicamente los derechos de las mujeres, aseveran diputadas de Morena, PRD, MC y PRI
Palacio Legislativo 07-08-2020 (Notilegis).- Diputadas de Morena, PRD, MC, PRI y activistas impulsan la iniciativa “3 de 3 contra la violencia”, a fin de que quienes tengan antecedentes, denuncias y/o sentencias, como deudores de pensión alimenticia, acosadores o agresores por razones género en el ámbito familiar no puedan aspirar a ninguna función pública, cargo de elección popular o responsabilidad en el ámbito Legislativo, Ejecutivo o Judicial.
Durante el conversatorio virtual “#3de3VSviolencia llega a San Lázaro. No más agresores en el poder”, subrayaron que el objetivo de esta propuesta es prevenir la violencia institucional, elevar el nivel de ética pública y garantizar los derechos humanos de las mujeres.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena), coordinadora de la Subcomisión de Atención a Feminicidios y Violencia contra las Mujeres, aseguró que se mpulsará en la Cámara de Diputados la iniciativa “3 de 3 contra la violencia”, primero con el Instituto Nacional Electoral (INE), y segundo en la ley, ya que no se puede seguir permitiendo que quienes tienen una función pública, un cargo de representación popular o son responsables de garantizar el acceso a la justicia, sean acosadores, hostigadores, agresores o deudores alimenticios.
Afirmó que esta iniciativa no busca perseguir a los hombres, sino hacer realidad lo establecido en el artículo primero constitucional, que es promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. “Estaríamos dándole la posibilidad a todas las mujeres y todos los ciudadanos de tener mejores funcionarios públicos, jueces y representantes populares”, precisó.
Resaltó que los pactos de impunidad entre los hombres también se ven al interior de los partidos políticos, por ello, es vital esta iniciativa. “Para mí, no es suficiente el haber regulado la violencia política como lo hicimos, es un avance, pero tenemos que establecer nuevos requisitos para aquellos hombres que quieren ser representantes populares o ser designados para una función en la administración pública y en el Poder Judicial”, enfatizó.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, estimó que esta iniciativa es de gran relevancia, así como las reformas aprobadas en materia de paridad y tipificación de la violencia política; por lo que consideró fundamental llevarla a cabo de nivel federal y hacer las modificaciones constitucionales correspondientes a la brevedad.
Planteó realizar una ruta crítica y crear las sinergias necesarias al interior de los grupos parlamentarios para procesarla con la mayor rapidez en esta legislatura. “Debemos de blindar esta reforma, de tal manera que no haya forma para quienes ejercen el poder por designación o quienes aspiren a ocupar cargos de elección popular, lo puedan hacer si es que tienen antecedentes de violencia, por razón de género, deudores alimentarios o como acosadores sexuales”, dijo. Resaltó que se deben generar los mecanismos que permitan contar con toda la información necesaria, a fin de que ninguna persona que tenga antecedentes de violencia en estos tres aspectos puedan ejercer algún cargo público y dar efectividad a las leyes que buscan sancionarla y erradicarla.
Estimó importante la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre la conformación de un registro nacional de aquellas personas que han incurrido en violencia política por razón de género y ordenar al INE la integración de una lista como una medida que contribuya a proteger a las mujeres.
La diputada Martha Tagle Martínez (MC) señaló que la paridad numérica no representa todavía igualdad, además de que el acceso de las mujeres a los puestos de toma de decisiones se sigue dando en muchas condiciones de desigualdad e inequidad, y uno de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres hoy en día son las diferentes formas de violencia.
“Estamos considerando sanciones para quienes ejercen violencia, entre ellas, la posibilidad de no ser candidatos o incluso anular elecciones, que realmente lleven a reconsiderar las actitudes que se están generando; y en el ámbito del ejercicio público y de la función pública, el que una persona no pueda acceder a un especio de toma de decisiones si tiene antecedentes de violencia, porque de otra manera si piensas en sanciones de tipo económico o sanciones que vienen en la ley de responsabilidades de los servidores públicos, como amonestación, me parece que no son suficientes”, puntualizó.
Comentó que se debe mandar una señal que las mujeres no tienen que pagar ningún costo por incorporarse a las actividades de toma de decisiones públicas, porque es su derecho.
Asimismo, trabajar para que los hombres, candidatos o servidores públicos muestren su 3 de 3, y avanzar en las leyes dejando un marco legal para prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia en el ámbito público.
Del PRI, la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo dijo que una “3 de 3 contra violencia” puede ayudar a generar un pacto social, ya que se tiene el interés no solamente en la armonización en violencia política, sino que este 3 de 3 que ya se presentó en el congreso local salga. “Creo que nosotras en San Lázaro estamos obligadas en la Legislatura de la Paridad a que esto pueda salir”.
Indicó que esta es la base de que candidatos y servidores públicos no cuenten con antecedentes de ser deudores de pensión alimenticia, acosador sexual o agresores por razones de género; esta garantía jurídica de tener sentencia firme y que no estén inscritos.
Comentó que de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual por su pareja o expareja, solamente el 17.8% de las casadas denuncian y el 37% de las que ya están separadas.
“Yo me sumo a este 3 de 3, porque estaríamos dando la garantía de protección a una sociedad desde que se postula a un candidato, para que en la boleta sólo haya gente que tenga acreditado este compromiso de respeto a los derechos de las mujeres”, agregó.
Yndira Sandoval Sánchez, defensora de Derechos Humanos e integrantes de “Las Constituyentes CDMX”, al presentar la iniciativa de “3 de 3 contra la violencia”, dijo que prevé la posibilidad de que no accedan a ninguna función pública o responsabilidad en el ámbito Legislativo, Ejecutivo o Judicial, las personas que tengan antecedentes, denuncias y/o sentencias, como deudores de pensión alimenticia, acosadores o agresores de razones género en el ámbito familiar.
Promueve la prevención de la violencia institucional y sube el nivel de la ética pública, para construir una democracia basada en la corresponsabilidad de la prevención de la violencia y garantizar los derechos humanos de las mujeres. Se busca otorgar la representación de la mayoría de las mujeres en condiciones dignas y en igualdad.
Aclaró que no se propone como un mecanismo violatorio de las garantías individuales o de revanchas políticas, tampoco tiene dedicatoria, sino tiene que ver con un mecanismo útil para que en un futuro próximo e inmediato, las mujeres mexicanas cuenten con un instrumento “para que así como se requieren más mujeres en el poder también requerimos limpiar las instituciones de agresores”.
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