Palacio Legislativo 12-12-2017 (Notilegis).- La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma el artículo 7 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que dependencias federales y locales competentes elaboren de manera coordinada y anual, un programa de seguimiento y atención al Diagnóstico Anual de Supervisión Penitenciaria de la CNDH, para dar continuidad a la implementación de políticas públicas que atienden estas evaluaciones.

El dictamen de la Comisión de Justicia, también adiciona un párrafo al artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que esta institución evalúe cada año dicho programa, a efecto de dar seguimiento a la implementación de dichas políticas públicas.

Al fundamentar el dictamen, avalado con 388 votos y enviado al Senado de la República, el presidente de la Comisión de Justicia, Álvaro Ibarra Hinojosa (PRI), precisó que el objetivo es responder al contexto actual de los centros penitenciarios en donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) detectó importantes áreas de oportunidad que podrían ser atendidos gracias a las reformas planteadas.

“La reforma tiene la intención de realizar una evaluación de manera anual por parte de la CNDH al Programa de Seguimiento y Atención de Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria que elaboran anualmente las dependencias federales y locales”, subrayó.

La CNDH es la principal institución nacional en la promoción, protección, defensa y garantía de los derechos humanos; “dicha función la debe asumir con firmeza y determinación, particularmente, en tiempos en que los derechos humanos se encuentran en un clima de tensa fricción”.

De igual manera, describe que pese a que cada año, en el referido diagnóstico la CNDH esboza una serie de indicadores que permiten dar cuenta de las principales deficiencias, logros y puntos de oportunidad detectados en los centros penitenciarios visitados, los señalamientos y las observaciones formuladas persisten a lo largo de los años.

Menciona que de las evaluaciones realizadas se desprende que deberán reforzarse y trabajar junto con las autoridades penitenciarias, para implementar políticas públicas y acciones suficientes que mejoren los sistemas penitenciarios.

FQA/RED