Palacio Legislativo, 12-12-2017 (Notilegis).- La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma la Ley de Asistencia Social, para suprimir las referencias a la derogada Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y dar paso a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en vigor desde el 2014.

Se establece que se consideran como niñas y niños a menores de 12 años, y como adolescentes aquellos de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad, tal como lo establece actualmente el artículo 5 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El documento surgió de una iniciativa que la diputada Angélica Reyes Ávila (NA) presentó el pasado 14 de junio, reforma los artículos 4 y 28 de la Ley de Asistencia Social, se aprobó por 345 votos a favor, cero en contra y una abstención y se turna al Senado de la República para su análisis.

La Comisión de Salud, que elaboró el dictamen, señaló que tanto la ley abrogada como la que entró en vigor en 2014 tienen el mismo propósito, en términos generales, el cual consiste en proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Sin embargo, agregó, “la nueva Ley se encauzó a crear un Sistema Integral de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”.

Este sistema integral mandata a los tres niveles de gobierno a que, de forma coordinada, establezcan políticas públicas orientadas a dotar de mayores niveles de protección y garantías los derechos de los menores de 18 años de edad.

Recordó que en octubre de 2011 se elevó en México a rango constitucional el principio del interés superior de la niñez y se señaló en el artículo 4 que “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez garantizando de manera plena sus derechos”.

Esta reforma constitucional generó que el 5 de diciembre de 2014 entrara en vigor la nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Esta norma “establece un andamiaje integral y concurrente, que determina precisas competencias y obligaciones para las autoridades federales, estatales y municipales, con el propósito de garantizar la vigencia de los derechos de la infancia y la adolescencia en el país”.

JGM