Palacio Legislativo, 12-12-2017 (Notilegis).- La Cámara de Diputados aprobó, en sus términos, el dictamen de una minuta del Senado que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para simplificar el proceso de disolución y liquidación de una empresa.

Fue avalado en lo general por 400 votos a favor, cero en contra y una abstención y tras rechazarse una reserva que se presentó, fue ratificado en lo participar por 322 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones y se turnó al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La intención es simplificar el proceso de disolución y liquidación de una empresa de manera sencilla, rápida y gratuita, así como establecer que la causa deberá ser inscrita de inmediato en el Registro Público de Comercio.

Esta disolución se podrá dar por resolución judicial o administrativa y el balance final de la empresa.

Una vez aprobado este procedimiento, deberá ser depositado en el Registro Público de Comercio y publicado en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía.

El dictamen reforma los artículos 232, párrafo segundo, tercero y cuarto; 236, párrafo segundo; 238, párrafo primero, y 242, segundo párrafo de la fracción V.

Adiciona una fracción IV, en el artículo 229; un segundo párrafo al artículo 237; un tercer párrafo al artículo 238; un segundo párrafo al artículo 240; un segundo párrafo al artículo 241; un segundo párrafo al artículo 242; un segundo párrafo al artículo 245; un segundo párrafo al artículo 246, y un segundo párrafo al artículo 247, así como los artículos 249 Bis y 249 Bis 1.

El documento expone que actualmente, cerrar una empresa en México es tres veces más caro, que abrirla; además de que este trámite puede generar un conjunto de problemas para los socios.

Según datos del Registro Público del Comercio, en los últimos cuatro años se constituyeron más de 234 mil empresas, pero cerca de 40 por ciento no ha tenido éxito, no obstante, éstas no han podido disolverse, debido a los costos del trámite, que puede tardar hasta más de dos años.

El proceso de disolución y liquidación se mantiene de manera general; sin embargo, las principales modificaciones consisten en eliminar la formalidad del Acta de Asamblea de Disolución y Liquidación, así como la incorporación de obligaciones que transparenten los procesos de cierre de las sociedades.

También, busca salvaguardar los derechos de terceros, así como la debida distribución al publicitar dicho proceso.

Además, propone que las obligaciones deben de ser gratuitas y se establecen plazos, ya que en la actualidad no existen plazos máximos.

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