Palacio Legislativo 12-12-2017 (Notilegis).- La Cámara de Diputados reformó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de que estados y municipios se coordinen, diseñen e implementen programas de desarrollo social y empoderamiento económico, para dependientes y familias de víctimas de feminicidio.

El Pleno avaló por unanimidad, con 381 votos a favor, el dictamen que surgió de una iniciativa que presentó la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Laura Nereida Plascencia Pacheco (PRI), en octubre pasado.

Adiciona un artículo 26 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

Establece la obligación para que las entidades federativas y los municipios, se coordinen para el diseño e implementación de programas de desarrollo social y empoderamientos económico para los dependientes y familiares de las víctimas de feminicidio.

En las consideraciones de la Comisión de Igualdad de Género, que elaboró el dictamen, se señala que la Constitución estipula que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

En consecuencia, agregó, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos fundamentales.

Sin embargo, indicó que, de acuerdo con la proponente, miles de mujeres, que después de haber sobrevivido a un ataque feminicida, quedan en el desamparo; sin recursos económicos, con una familia que mantener, con secuelas físicas, psicológicas y con el temor de volver a sufrir otra agresión.

“Viven con la zozobra, ante la incapacidad del sistema legal para brindarles protección y acceso a la justicia, y a que los feminicidas queden libres y ahora sí terminen su obra”, añadió.

Consideró primordial que la atención para las víctimas de la violencia de género sea vista como una actividad estratégica del Estado, pues mientras ello no ocurra, la violencia hacia las mujeres seguirá siendo obstáculo para el logro de la igualdad, equidad, desarrollo, paz y participación social.

“Es una violación de los derechos humanos que limita su libertad personal, nulifica las garantías fundamentales como el derecho a la seguridad, a la integridad e incluso a la vida”, detalló.

Refirió que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), es alarmante el contexto de violencia de género en el que se encuentra el país.

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