| Palacio Legislativo 05-12-2017 (Notilegis).- La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos presidida por la diputada Hortensia Aragón Castillo (PRD), aprobó dos dictámenes que modifican la Ley General de la Infraestructura Física Educativa y la Ley General de Educación. El primero, propuesto por la diputada Sharon Cuenca Ayala (PVEM), determina en ambas legislaciones que el “certificado de calidad” será el documento que expedirán el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) y los organismos responsables de la infraestructura de las entidades federativas, mediante el cual se hará constar que la Infraestructura Física Educativa (INFE) cumple con las especificaciones de calidad y de seguridad estructural. Indica que para que un inmueble pueda prestar servicios educativos, es requisito obligatorio que cuente con dicho certificado; agrega que la certificación de calidad en las escuelas particulares será un requisito indispensable para que las autoridades educativas otorguen las autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios. Asimismo, establece que será derecho de quienes ejercen la patria potestad, conocer los criterios y resultados de las evaluaciones y de la certificación. Los consejos de participación social podrán gestionar ante la autoridad educativa local la certificación referida. La diputada Cuenca Ayala agregó que los certificados de calidad son un instrumento positivo e importante en materia de prevención en las escuelas, en caso de sismo. “Esto no estaba en la Ley y aun así, se actuó y respondió debidamente ante los sismos pasados”. La legisladora panista, Rocío Matesanz Santamaría, resaltó la importancia de esta reforma; será a través de los consejos de participación social municipales que los padres de familia solicitarán la expedición del certificado; “ya no solo se deja en manos de las autoridades, sino también ellos que son los más interesados que sus hijos estén en escuelas seguras”. El otro dictamen, propuesto por la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio (PAN), reforma la Ley General de Educación para armonizarla con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y establecer que las autoridades federal y locales deberán promover que todos los habitantes del país tengan las mismas oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo. El documento modifica el artículo 4º para agregar a la educación media superior como obligatoria para todos los habitantes; asimismo, para que quienes ejerzan la patria protestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, aseguren que éstos cursen la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Cambia el artículo 11 para instituir que el acoso escolar es todo acto u omisión, que de manera reiterada, agreda física, psicoemocional, patrimonial o sexualmente a una niña, niño o adolescente, realizado bajo el cuidado de las instituciones escolares, sean públicas o privadas. Establece que la educación Inclusiva es el conjunto de acciones orientadas a eliminar o minimizar las barreras que limitan el acceso, tránsito, permanencia, participación y aprendizaje de todas las niñas, niños y adolescentes, con especial énfasis en aquellos que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo. Al artículo 14 se le agrega el inciso XII Sextus para establecer la elaboración de protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o violencia escolar para el personal y para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niños, niñas y adolescentes. La diputada Rodríguez Rubio, secretaria de la Comisión, expresó que lo aprobado es trascendental y beneficia a niños y adolescentes. La presidenta de la Comisión, Hortensia Aragón Castillo, confió en que ambos dictámenes se voten en el Pleno antes de que termine el periodo de sesiones. RED/RZJ |
