Palacio Legislativo, 30-06-2016 (Notilegis).- La diputada Arlette Muñoz Cervantes (PAN) indicó que su grupo parlamentario hará un “análisis justo” de los cambios propuestos por el Ejecutivo federal a Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3 de 3), y que no dará la espalda a construir acuerdos en el próximo periodo extraordinario de sesiones que se celebrará el 6 de julio en la Cámara de Diputados.

“Los legisladores del blanquiazul no daremos la espalda a la construcción de acuerdos en beneficio de un nuevo diseño institucional, ni seremos mezquinos en un tema tan relevante para el país como lo es el combate a la corrupción”, sostuvo en un comunicado.

“La oposición puede estar segura que el PAN no obstaculizará lo que representa una valiosa oportunidad para contar con mayores mecanismos que permitan hacer frente a un cáncer que ha retrasado el desarrollo económico y social de México”, agregó la también integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

La legisladora indicó que el Ejecutivo hizo observaciones al artículo 32 de dicha legislación, que se refiere a la obligación de los particulares que reciben recursos públicos a presentar su declaración patrimonial y de conflicto de interés, pero no atendió el artículo 29, relativo a la obligación de presentar sus declaraciones bajo el principio de máxima publicidad.

“Si bien el presidente Peña Nieto consideró que la redacción del Artículo 32 de esta ley, en los términos que aprobó el Congreso, podría implicar un problema de operatividad debido al número de declaraciones y actores implicaría el rediseño; la inclusión de la iniciativa ciudadana respecto al Artículo 29 también merecía atención especial por ser una demanda surgida de la base social”, añadió.

Reiteró que el grupo parlamentario del PAN lamenta que el presidente no haya aprovechado la facultad del veto presidencial para hacer los cambios necesarios al artículo 29, para incluir la demanda de más de 634 mil ciudadanos que exigen condiciones de mayor transparencia a los actores del sistema político mexicano.

Aseguró que los representantes de las instituciones no pueden pedir la participación ciudadana y luego cerrar el paso a aquellos temas que consideran afectan sus intereses, pues dijo, “eso una simulación que impide la suma de esfuerzos de todos los sectores”.

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