Palacio Legislativo, 17-06-2016 (Notilegis).- El vicecoordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín afirmó que su grupo parlamentario está dispuesto a modificar el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (3 de 3), relativo a los sujetos obligados a presentar sus declaraciones, con la finalidad de precisar sus términos y evitar interpretaciones erróneas.

En conferencia de prensa, el diputado priista –acompañado de otros legisladores de su partido– dijo que no permitirán que haya malas interpretaciones respecto a quiénes son los sujetos obligados que señala el artículo 32, por lo que su bancada analiza la posibilidad de presentar una iniciativa para precisar sus términos, particularmente del inciso C.

El artículo 32 señala que los sujetos obligados a presentar sus declaraciones patrimonial y de intereses son: “a) los servidores públicos, b) cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos de la Federación, de las Entidades Federativas y los municipios y c) personas físicas que presenten sus servicios o reciban recursos de las personas morales a que se refiere la fracción anterior”.

El artículo no establece con precisión quiénes son los sujetos obligados, lo cual generó una serie de interpretaciones y especulaciones al respecto, como el hecho de que los empleados de las pequeñas y medianas empresas que celebren contratos con entes públicos, también deben presentar sus declaraciones.

Ramírez Marín afirmó que son “absolutamente falsas” todas las versiones que señalan que las personas físicas que reciban del gobierno algún pago por sus servicios tendrán que presentar su 3 de 3.

En ese sentido, el diputado Jorge Dávila Flores (PRI) dijo que tampoco los becarios de instituciones públicas y beneficiarios de programas sociales son sujetos obligados.

“A nosotros nos interesa aclarar muy bien que no pueden decirles a los meseros: ustedes tiene que presentar una declaración patrimonial y una declaración de intereses. Que no le pueden decir a los repartidores de una empresa: oiga, usted tiene que presentar (sus declaraciones)”, comentó Ramírez Marín.

“Haciéndose eco de estas preocupaciones, el PRI analiza la pertinencia de presentar una iniciativa que precise los alcances y los sujetos determinados a los que se refiere el artículo 32 de forma tal que se establezca con claridad quienes son los sujetos de esta ley”, indicó el diputado Dávila Flores.

Subrayó que los diputados de su bancada estarán analizando la aplicación del artículo 32 y la disposición “para presentar las iniciativas que sean necesarias e impulsarlas, a fin de evitar cualquier confusión de la materia”.

Ramírez Marín afirmó que la Ley General de Responsabilidades Administrativas “está bien aprobada”, por lo cual no consideró que el artículo 32 tuviera errores sino sólo imprecisiones.

“Era muy urgente sacar dicha ley, el día de ayer, pero el compromiso del PRI es que de ser necesario, a juicio de alguna autoridad o criterio que probara que efectivamente no alcanza esta redacción, la modificaríamos”, aseveró.

Cuestionado sobre la manifestación de los empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el Ángel de la Independencia, aseguró que es una expresión de carácter político que se respeta.

“Los respetamos, pero creemos que la ley se ha creado con instrumentos extraordinarios con los que no contaba nuestro país, y que el hecho de que no estén de acuerdo con un artículo (32), no debiera significar la descalificación de toda la ley”, concluyó.

EGV/ HSF