Palacio Legislativo, 25-04-2016 (Notilegis).- Académicos, representantes de organizaciones civiles y diputados federales iniciaron el análisis del predictamen de reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que se encuentra en el Senado.

Este documento daría paso a la Ley General de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la cual permitirá a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hacer auditorías en tiempo real y fiscalizar las participaciones federales que se entregan a estados y municipios.

La mesa de análisis del predictamen de la nueva ley fue organizada por las comisiones de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la ASF.

Los diputados Luis Marrón Agustín (PAN) y Maricela Contreras Julián (PRD), de la Comisión de Vigilancia de la ASF; así como Rafael Hernández Soriano (PRD) y Candelaria Ochoa Ávalos (MC), de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, coincidieron y subrayaron que se debe dotar a la ASF de facultades de investigación, incrementar las sanciones y evitar que se camine hacia la impunidad.

La mesa fue moderada por la diputada Cecilia Romero Castillo (PAN), secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, quien consideró que si hay voluntad política, la ley podría ser aprobada sin problemas.

El diputado Vidal LLerenas Morales (Morena), secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, señaló que para lograr que el informe de la ASF pueda incidir en la elaboración del presupuesto de egresos, la ASF tiene el reto de presentar un informe preliminar de la fiscalización del año en curso y tener listo el del año anterior.

Especialistas del Tecnológico de Monterrey, de Fundar Centro de Análisis e Investigación, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias y de Transparencia Mexicana, coincidieron en que la ley debe otorgar a la ASF la autoridad para fiscalizar todo el dinero público, dotarla de facultades investigadoras, pero sobre todo crear un sistema de fiscalización que no dé lugar a la impunidad.

Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana, enfatizó que en el país se carece de un sistema de fiscalización, toda vez que lo único que existe es una convención de entes auditores sin facultades para sancionar y sin un vínculo legal con los congresos estatales, para que sean tomadas y consideradas sus observaciones en las decisiones presupuestarias.

“Un ejemplo, por iniciativa del Auditor Superior de la Federación se envía una copia de su informe a los legisladores, pero eso no está en la ley, lo cual tendría que ser una obligación, para que los diputados conozcan el informe y se registre que lo tomaron en cuenta para hacer propuestas presupuestarias”, señaló.

Enfatizó que los legisladores deberían estar obligados a incorporar las observaciones de la ASF en el presupuesto, particularmente de las dependencias o programas de gobierno señaladas con irregularidades que están siendo dirimidas, “para que quede constancia de que se deben hacer ajustes y no repetir ciclos de mal uso de los recursos”.

El director de Transparencia Mexicana también recordó que la ASF tiene la tarea exclusiva de auditar, pero –dijo– se le ha atribuido una función que no tiene, que es la de combatir la corrupción.

Frente a esa carencia, Marco Fernández, investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, sostuvo que se debe crear una instancia exclusiva de combate a la corrupción, la cual podría formar parte de la ASF, pero con responsabilidades claramente delimitadas.

La ASF también debe tener la facultad de fiscalizar todos los conceptos de deuda, especialmente las relativas a las participaciones federales, proyectos de inversión y asociaciones público privadas (APPs), agregó.

Enrique Díaz Infante, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, comentó que en lo referente a la deuda gubernamental, existe un problema de definición conceptual, ya que los recursos destinados a proyectos de inversión, a APPs y a mecanismos de Ingreso Mínimo Garantizado no están considerados como deuda, y por lo ello la ASF no puede hacer una revisión.

Óscar Arredondo, investigador de Fundar Centro de Análisis e Investigación, sostuvo que en el tema del combate a la corrupción es necesario fortalecer la participación de la ciudadanía a través de la denuncia, y para ello el Estado debe de abrir los canales pertinentes.

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