Palacio Legislativo, 20-04-2016 (Notilegis).- La Comisión de Economía, presidida por el diputado Jorge Enrique Dávila Flores (PRI), se declaró en sesión permanente, con el propósito de discutir y aprobar la minuta enviada por el Senado para expedir la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (ZEE) y adicionar la Ley General de Bienes Nacionales.

Durante la reunión, Abraham Zamora Torres, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), realizó una relatoría de la iniciativa presidencial que busca impulsar el desarrollo económico y social en 10 entidades que registran extrema pobreza, a través de infraestructura industrial y portuaria, con un enfoque integral e incentivos fiscales y laborales que impacten a las comunidades.

Afirmó que con la labor del Congreso de la Unión “se consolidó un mejor proyecto de Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, porque se da mayor certidumbre a la inversión al fortalecerse los convenios de coordinación, ya que deben ser aprobados por los congresos estatales y por los ayuntamientos”.

Se tiene, dijo, una minuta fortalecida gracias al trabajo legislativo de ambas cámaras. “Es una base jurídica sólida para la creación de las zonas económicas en México”, aseguró.

De acuerdo con los cambios propuestos, el Congreso recibirá informes anuales para emitir recomendaciones, ya que cada cámara tendrá un representante en la Comisión Intersecretarial de las ZEE, la cual avalará la creación de cada zona. Además, se contempla la inclusión del Coneval y la Auditoría Superior de la Federación, a fin de consolidar la rendición de cuentas.

Se redujo la discrecionalidad al incluir en el marco jurídico aspectos previstos originalmente en el reglamento, como las reglas y criterios para los permisos; los mecanismos de intervención para los administradores integrales; las causas de cancelación de autorizaciones, y se dio mayor certidumbre a la inversión privada, entre otros.

Por primera vez, se crea una zona económica con un área de influencia social, de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. “Este concepto integral está reflejado en la ley”.

Al respecto, el diputado de Morena, Vidal Llerenas Morales, sostuvo que el problema central es la falta de inversión, porque no se podrá crear infraestructura. Por ejemplo, en puertos como Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz, donde se prevé crear las ZEE, se requieren entre 6 mil y 7 mil millones de pesos para desarrollarlos.

La gran duda, insistió, es la inversión, por la reducción del 30 por ciento en los recursos del gobierno federal, y propuso la creación de un fondo presupuestal para tener inversión constante.

¿Cómo se evaluará que el incentivo fiscal de tasa cero del IVA funcione, porque el Estado perderá recursos?, y ¿la medida va a corresponder a una ganancia en la actividad económica?, cuestionó.

Por el PRI, el diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela resaltó la importancia de construir la infraestructura necesaria de estas zonas para que se desarrollen.

Celebró la inclusión del Coneval, el cual analizará las políticas públicas de desarrollo social, así como del Conacyt y de la ASF, privilegiando la ciencia y tecnología, además de la fiscalización del gasto público. Además, la aplicación de multas por incumplimiento de parte de los empresarios.

Propiedad intelectual: derecho humano y económico

A la reunión asistió también Miguel Ángel Margaín González, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), para explicar las funciones de la institución en apoyo del registro de patentes y marcas en el país.

Los diputados lo cuestionaron sobre la promoción de innovaciones de universitarios; instalación de módulos del IMPI en las delegaciones de la Secretaría de Economía para consolidar el registro de marcas y patentes; los derechos de autor en la Internet y si existen herramientas para proteger la propiedad intelectual de mexicanos.

Por el PRD, la diputada Lluvia Flores Sonduk preguntó sobre las acciones que realiza el IMPI para impulsar y promover las innovaciones de universitarios. Si México ocupa el lugar 79 en la lista de 141 países clasificados en el Ranking Global de Innovación 2012 por su capacidad para inventar nuevos productos, ¿por qué se patenta tan poco?, expresó.

El diputado Luis Fernando Antero Valle (PAN) aseguró que en el registro de marcas no hay la posibilidad de que el IMPI facilite los trámites, ya que no tiene presencia puntual y permanente en las entidades. Propuso que la Secretaría de Economía, usando su infraestructura a nivel nacional, instale un módulo del Instituto en cada delegación para multiplicar la política de patentes y alentar la innovación.

Del PRI, el diputado Alejandro Juraidini Villaseñor cuestionó sobre los derechos de autor en la Internet, y el reclamo de los emprendedores respecto al alto costo para solicitar patentes y registro de marcas.

El priista Antonio Tarek Abdala Saad señaló que innovaciones de jóvenes mexicanos han sido replicadas en diversas partes del mundo. Inquirió: ¿el IMPI está preparado para tomar cartas en un asunto de esta índole y proteger la propiedad intelectual, con una visión comercial?

Al respecto, Margaín González indicó que en México no se patenta por la falta de una cultura de propiedad intelectual, ya que los emprendedores consideran que el costo de registro de una patente o marca es un gasto, cuando es una inversión; es el activo más importante al que deben canalizarse recursos, para convertirlo en un bien explotable.

Anunció que “en el segundo semestre se iniciará la patente y marca en línea”, con el propósito de alentar el registro de innovaciones, desde la comodidad del hogar o la oficina, lo que contribuirá a alentar la cultura de propiedad intelectual.

Explicó que el IMPI acude a las instituciones de educación superior, para alentar a los estudiantes que han desarrollado una innovación a registrarla y alentar una cultura de propiedad intelectual para generar más riqueza y evitar el robo o mal uso de las nuevas propuestas.

“El reto es fomentar la cultura de propiedad intelectual que debe alentarse desde el gobierno de la República, en conjunción con el Congreso de la Unión, las cámaras empresariales y los emprendedores, a fin de que la innovación se considere como un derecho humano y económico”, afirmó.

Indicó que del total de registro de patentes y marcas, el 91 son solicitudes de extranjeros, y sólo el 9 por ciento de mexicanos, por lo que urge revertir la tendencia, para proteger el conocimiento y las aportaciones nacionales en la ciencia y tecnología.

Para concluir, sostuvo que el IMPI es el archivo tecnológico del país, ya que es el registro público de la propiedad industrial e intelectual.

RED/LSN