Palacio Legislativo, 06-04-2016 (Notilegis).- El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez, afirmó que 89 por ciento de instituciones públicas federales no cuenta con procesos de administración de riesgos de corrupción, de acuerdo con un estudio realizado por la institución que encabeza.

El auditor acudió al Palacio Legislativo de San Lázaro con motivo de la primera reunión de trabajo y análisis, respecto al informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 de la Comisión de Vigilancia de la ASF.

Portal Martínez manifestó que un estudio sobre las estrategias para enfrentar la corrupción en instituciones del sector público federal revela que en 92 por ciento de las instituciones revisadas no considera el perfil ético de los candidatos a ocupar un cargo público.

En la reunión con los diputados de la Comisión de Vigilancia de la ASF, agregó que en 50 por ciento de las instituciones no se acreditó la realización de acciones por medio de las cuales el titular u órgano de gobierno asegure un entorno de integridad en la institución.

“Sin sistemas de control efectivos, ni políticas de integridad adecuadamente diseñadas e implementadas, difícilmente se podrán observar cambios en las tendencias respecto de la percepción de deshonestidad que enfrentan las instituciones del Estado”, sostuvo.

El auditor señaló que en el proceso de solventación de acciones respecto a las observaciones realizadas a las instituciones públicas, respecto a la Cuenta Pública del 2014, se pueden reunir pruebas para sancionar a funcionarios.

Los sujetos auditados son instituciones, no funcionarios públicos, por lo tanto “no es conveniente relacionar nuestros resultados a nombres específicos de individuos”.

Ello no significa que, en su momento, no se puedan adjudicar responsabilidades a quienes incurran en omisiones o irregularidades.

El 17 de febrero pasado el auditor entregó a la Cámara de Diputados el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, como primer paso del proceso de fiscalización.

Ese día, Portal Martínez dijo que los entes auditados contaban con 30 días hábiles para aportar las pruebas correspondientes del ejercicio de los recursos públicos, plazo que ya se cumplió.

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